Vox se pudre por dentro: expulsión del afiliado número 1 confirma fractura

La decisión de expulsar a Ignacio Ansaldo, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid y titular del carné número uno del partido, es la constatación pública de una guerra interna que ya no cabe disfrazar.

Ansaldo fue suspendido cautelarmente de militancia el pasado 23 de febrero —la misma jornada en la que se adoptó idéntica medida contra Carla Toscano—. Aquellas suspensiones llegaron apenas cinco días después de que Vox apartara cautelarmente a Javier Ortega Smith por, según la propia organización, «desacatar» una resolución del Comité Ejecutivo Nacional que ordenaba su relevo como portavoz del grupo municipal. Ortega Smith fue expulsado finalmente el 6 de marzo, tras ser acusado por el Comité de Garantías de una «infracción muy grave» por impedir la sustitución de la portavocía.

Lo que se presenta como disciplina interna tiene nombre propio: reordenamiento forzoso del grupo municipal. La dirección de Vox nombró nueva portavoz a la concejal Arantxa Cabello y reconfiguró el grupo —formado por cinco concejales— con el respaldo explícito del secretario general del grupo, Fernando Martínez Vidal. Frente a esa maniobra, Ansaldo y Toscano se han situado junto a Ortega Smith, conformando una escisión visible dentro del propio Ayuntamiento.

La tensión no se ha limitado a expulsiones y nombramientos. Ortega Smith presentó una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos contra el Comité Ejecutivo Nacional y contra el Comité de Garantías, al entender que en su expediente de expulsión se produjo «una filtración que vulnera la confidencialidad del expediente sancionador». El ex portavoz municipal ha denunciado, además, que desde la dirección se le instó a «hacerse el harakiri» y dimitir como portavoz, y que, si no aceptaba, ya tenía la organización preparada la «justificación» para expulsarle: el expediente sancionador.

El procedimiento interno sigue su curso: esta semana quedó registrado un recurso de reposición ante el Comité de Garantías, que deberá pronunciarse; y, en caso contrario, el siguiente paso sería un recurso en alzada ante el Comité Ejecutivo Nacional. Son pasos procesales que llegan después de una escalada disciplinaria que, en pocas semanas, ha transformado el mapa interno de Vox en una contienda abierta.

Los hechos son nítidos: suspensiones el 23 de febrero, expulsión de Ortega Smith el 6 de marzo, y ahora la expulsión de Ansaldo, comunicada públicamente por el propio concejal. No hay lugar aquí para la ambigüedad retórica: la organización ha roto la disciplina en la práctica, y la disputa ha trascendido las siglas para dejar al descubierto una línea de fractura ideológica y de lealtades personales que, por ahora, la dirección trata de cerrar con sanciones y reconfiguraciones.

Que cada cual saque sus conclusiones. Lo que queda claro es que Vox, en su espejo municipal madrileño, refleja una tensión que obliga a elegir bandos. Y cuando un partido fuerza la expulsión de fundadores y portavoces, la pregunta no es solo quién se va, sino qué partido queda.