Violencia en el suroccidente: un atentado que golpea la paz y la vida cotidiana

El sábado pasado, en la Vía Panamericana que enlaza Cali y Popayán, una detonación dejó un cráter en la carretera y destruyó un autobús: al menos 20 personas murieron y casi 50 resultaron heridas en una oleada de ataques que conmueve al suroeste colombiano.

Las víctimas, según los reportes, son en su mayoría habitantes de zonas rurales: 15 mujeres y 5 hombres, entre ellos campesinos, transportadores y dirigentes sociales. Varios iban a bordo de un bus tras asistir a un sepelio; otros formaban parte de iniciativas locales de paz, según la propia comunidad de La Palma. Entre los nombres confirmados aparecen José Ciro Puliche, conductor de 61 años; Daniela Valencia Holguín, de 26; y la agricultora Teodomira Salazar Navia, de 78. También perdió la vida la dirigente Patricia Mosquera, vinculada a la Corporación Autónoma Regional del Cauca.

El ataque más letal ocurrió en El Túnel, sector que conecta las capitales departamentales de Valle del Cauca y Cauca, entre las 12:30 y 13:30 del sábado, según distintos reportes locales. Las imágenes difundidas muestran cadáveres cubiertos por sábanas y equipos de rescate trabajando para asistir a los heridos y recuperar cuerpos; un sobreviviente relató cómo su camioneta fue lanzada por los aires.

No fue un hecho aislado: la semana incluyó un carro bomba en una base militar en Cali y, según el Ejército, al menos 26 ataques en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca en los últimos dos días. Entre los heridos figuran cinco menores de edad. El presidente Gustavo Petro calificó los hechos de terroristas y responsabilizó a disidencias de las FARC del ataque más mortal.

La respuesta del Estado incluye una recompensa por información: el presidente anunció que la cifra ofrecida para dar con el paradero de alias Marlon, señalado como responsable, se elevó hasta 5.000 millones de pesos. Alias Marlon habría sido identificado como jefe de una estructura militar Jaime Martínez, desplegada en la zona suroeste, organización que las autoridades vinculan con los hechos.

La tragedia obligó al gobernador del Cauca a declarar tres días de duelo y reaviva preguntas dolorosas sobre quién protege a las comunidades rurales, sobre la seguridad en una arteria continental como la Panamericana y sobre el impacto de la violencia en plena cuenta regresiva hacia las elecciones del 31 de mayo. Mientras tanto, familias humildes y agentes de la reconciliación pierden la vida en la carretera que debería unir y no separar.

Son hechos contrastados: nombres, caminos, cifras oficiales. No son cifras abstractas; son 20 muertos, casi 50 heridos, cinco menores afectados y comunidades enteras que lloran a quienes trabajaban por la paz en su territorio. El país exige respuestas y medidas que, por encima de la retórica, restauren la seguridad y la dignidad de quienes habitan las zonas golpeadas.