Villena planta cara: no permitiremos que nos traigan la basura de la Vega Baja

Villena ha decidido no callar. El Ayuntamiento, encabezado por el alcalde Fulgencio Cerdán, ha expresado su oposición frontal al convenio que plantea el consorcio CREA para derivar residuos de la Vega Baja a la planta del municipio. La respuesta pública no es retórica: el consistorio ha anunciado que acudirá a los tribunales si la propuesta sale adelante en la votación prevista para el 28 de abril.

Que una localidad anuncie medidas legales contra una decisión consorcial revela que no se trata de un detalle técnico menor, sino de un conflicto de intereses con consecuencias palpables. Según el propio regidor, la propuesta supondría un incremento del 65% en los residuos que recibe la instalación, con cerca de 46.800 toneladas anuales adicionales. Esa cifra, en palabras del alcalde, reduciría la vida útil de una planta recién renovada y multiplicaría el tránsito de camiones por el término municipal.

“No quiero un camión más de basura en Villena procedente de fuera que reduzca la vida útil de nuestra planta recién renovada”, ha señalado Cerdán. No es una queja abstracta: es la defensa de una infraestructura que ha recibido inversiones y que, según el Ayuntamiento, correría un grave riesgo de sobreutilización si se aprueba el convenio en los términos hoy planteados.

El rechazo municipal no solo se apoya en cifras apreciables, sino en incongruencias formales detectadas por el propio equipo de gobierno: el documento fija en un apartado un máximo de 39.000 toneladas, mientras que en otro eleva esa cifra un 20% hasta las 46.000 toneladas y posteriormente vuelve a establecer como mínimo las 39.000 toneladas. A ello se suma la objeción acerca de la duración del acuerdo: el convenio prevé ocho años, cuando el alcalde entiende que la normativa contempla un máximo de tres años para situaciones excepcionales.

Cerdán ha defendido una posición que combina firmeza y argumento: Villena no se opone a la solidaridad, “lo hemos sido y lo somos”, sino a que su suelo y sus infraestructuras paguen la falta de compromiso y de soluciones políticas en otros territorios. Su propuesta es clara: la Vega Baja debe disponer de sus propias infraestructuras de tratamiento y no trasladar el problema a terceros.

Como paso inmediato, el primer edil ha convocado un pleno extraordinario para someter a todos los grupos municipales una propuesta institucional de rechazo al convenio, antes de la asamblea del consorcio CREA programada para el 28 de abril. Es la vía institucional previa al anuncio de recursos: protesta, votación local y, si procede, litigio.

En términos sencillos: la disputa no es menor. Se juega la preservación de una planta renovada, la calidad de vida del municipio y el cumplimiento riguroso de las normas que regulan acuerdos excepcionales. Villena ha elegido plantar cara y llevar su defensa hasta los tribunales si es necesario. Será la vía judicial y la decisión del consorcio las que marquen el siguiente capítulo de este conflicto regional.