Una autonomía incumplida: La Iglesia española sigue viviendo a cuenta del Estado

Hace 47 años se perfiló un camino: la renovación de las relaciones bilaterales entre España y la Santa Sede debía conducir, en un horizonte prudente, a la autonomía económica de la Iglesia. Ese horizonte figura en los acuerdos temáticos de 1979, uno de los cuales condicionaba el tránsito de una asignación tributaria a formas alternativas de colaboración, cuando la institución alcanzase por sí misma recursos suficientes.

Hoy el trayecto sigue incompleto. La asignación tributaria no ha sido sustituida; al contrario, se ha ido configurando y ampliando mediante decisiones políticas y fiscales que, según las memorias de la Conferencia Episcopal Española, han consolidado una vía de ingreso estable para las diócesis. La casilla de la Iglesia —tal como quedó diseñada en 1988 y ajustada en 2000 y 2006— no grava al que la marca sino que detrae del total recaudado una cuantía calculada sobre la cuota íntegra de los declarantes, una fórmula que hace que el coste real recaiga sobre todos los contribuyentes.

El resultado es tangible: la institución católica preveía para 2025 ingresos por casi 429,3 millones de euros procedentes del IRPF, su cuarto récord consecutivo. Entre 2014 y 2024, la suma de esas asignaciones supera los 3.400 millones de euros. El incremento de los ingresos obedece en parte a una mayor recaudación global y a una subida de declarantes que marcan la equis —de 7,3 millones a 7,9 millones entre 2014 y 2024—, pero las cifras muestran también una paradoja: mientras el dinero público que va a la Iglesia crece un 70% en la última década, el porcentaje de declarantes respecto al total desciende y el número de sacerdotes cae más de una quinta parte, de 18.813 a 14.994.

Expertos consultados por el propio análisis lo resumieron sin poesía: Alejandro Torres, catedrático de Derecho Constitucional, asegura que la autonomía económica «duerme el sueño de los justos» y que «nada apunta a que sea un objetivo que de verdad se vaya a perseguir». José Antonio Naz, presidente de Europa Laica, es incluso más contundente: «Ni la Iglesia avanza, ni el Gobierno se lo exige». No son juicios gratuitos: son constataciones que emergen del contraste entre el mandato de los acuerdos y la práctica política y fiscal desplegada en las últimas décadas.

El diseño sucesivo —las fórmulas introducidas en 1988, la compatibilidad con la casilla de fines sociales desde 2000 y la elevación del porcentaje en 2006— revela una trayectoria de decisiones alineadas con los intereses episcopales, que han preferido asegurar ingresos estables antes que perseguir la meta de autosuficiencia establecida hace décadas. Y mientras ese mecanismo sigue funcionando, no existe un cómputo oficial que integre todas las ayudas indirectas y exenciones que benefician a la Iglesia: exenciones fiscales, mantenimiento de templos, subvenciones, conciertos, retribuciones a profesores de Religión o capellanes, elementos que harían aún más evidente la magnitud de la colaboración pública.

La cuestión no es retórica: es política y de responsabilidad pública. Si un acuerdo bilateral reclama como fase final la sustitución de la asignación tributaria por otras fórmulas de colaboración, corresponde a los poderes públicos y a la sociedad decidir si mantienen intacto ese statu quo o impulsan cambios que materialicen el principio de autonomía prometido hace décadas. Mientras tanto, los registros hablan por sí mismos: récords de recaudación para la Iglesia y una dependencia del Estado que permanece, inmutable, a pesar de las transformaciones sociales y del propio adelgazamiento de la institución religiosa.