Un periplo de dolor y preguntas: siete semanas, cuatro centros y la cárcel para los padres

Siete semanas de vida y un trayecto que debería avergonzarnos: visita a urgencias en el Hospital del Mar el 1 de marzo, paso por Sant Joan de Déu el 7 de marzo, consulta en el CAP Roger de Flor el 10 de marzo y pruebas en el Hospital de Sant Pau que, el 16 de marzo, detectaron fractura y posible desgarro anal. Finalmente, derivación al Hospital Vall d'Hebron, activación del protocolo y detención de los progenitores.

Son hechos. No suposiciones. El bebé, nacido a principios de febrero, presentó malestar, vómitos, febrícula y marcas en extremidades que inicialmente se relacionaron con la colocación de una bolsa de orina. En Sant Pau se constató una fractura en la pierna derecha y la sospecha de una lesión anal, motivos por los que Vall d'Hebron —hospital de referencia para estos casos— asumió el caso y se pusieron en marcha los mecanismos de protección.

La Generalitat ha abierto una investigación para analizar el recorrido asistencial del menor desde su nacimiento: un circuito que incluye atención primaria y tres hospitales de la capital antes de la detección final de lesiones compatibles con maltrato. Fuentes oficiales sostienen que el protocolo se activó en cuanto se detectaron las lesiones y que, por tanto, el sistema reaccionó cuando sus profesionales identificaron indicios.

Los padres, una mujer de 43 años —enfermera del propio Vall d'Hebron— y un hombre de 42, fueron arrestados por los Mossos el 18 de marzo, retenidos y, tras pasar a disposición judicial, enviados a prisión provisional comunicada y sin fianza. El Tribunal ha informado de que ambos están acusados, según la información disponible, de maltrato habitual, lesiones muy graves y agresión sexual.

La investigación policial no descarta ninguna hipótesis, incluida la posibilidad de explotación sexual infantil; se ha registrado el domicilio y los teléfonos de los progenitores y se han ampliado las pesquisas más allá del círculo familiar. Mientras tanto, la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia retiró la tutela a los padres en cuanto tuvo conocimiento del caso y el menor quedó bajo su protección.

No hay atajos retóricos que valgan cuando se trata de hechos tan crudos. Los hechos muestran un itinerario clínico y una respuesta institucional que ahora se examinan con lupa: visitas múltiples, pruebas diagnósticas, derivaciones y, finalmente, la activación del protocolo que derivó en detenciones y prisión preventiva. Las autoridades sanitarias han tomado la iniciativa de investigar el expediente asistencial; la justicia actúa conforme a lo que ha trascendido públicamente.

Exigir claridad no es poner en duda la labor de los profesionales; es reclamar que la verdad se esclarezca sin demora. El menor está protegido y hay una investigación abierta. Corresponde a las instituciones y a los tribunales, con la contundencia que exigen los hechos, dictar las conclusiones. Y corresponderá a la sociedad —con toda la firmeza democrática— vigilar que la protección de la infancia sea siempre prioritaria, sin atajos ni complacencias.