Un manto de protección en pleno juicio: Rajoy y Cospedal blindan a Fernández Díaz

En la sala de la Audiencia Nacional, la política se convirtió en coartada. Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal, expresidente y ex secretaria general del Partido Popular, ofrecieron este jueves una defensa pública y clara de Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior entre 2011 y 2016 y principal acusado en el juicio del denominado caso Kitchen.

Sus palabras no fueron retórica menor: Rajoy negó la existencia de “una operación política” en Interior y calificó de “disparatado” que un ministro o un secretario de Estado supieran de la captación de un confidente. A su lado, Cospedal sostuvo que siempre había tenido a Fernández Díaz por una persona “recta e íntegra” y señaló, en términos semejantes, su convicción sobre la legalidad de las actuaciones que se juzgan si es que existieron.

Esos testimonios contrastan nítidamente con la tesis de la Fiscalía, que reclama 15 años de prisión para el exministro. Según la acusación, la cúpula de Interior —según el escrito, encabezada por Fernández Díaz, el secretario de Estado Francisco Martínez y el DAO Eugenio Pino— ideó una operación policial ilícita dirigida a obtener información y pruebas contra el PP y sus dirigentes en el marco del caso Gürtel, aprovechando la figura del confidente sin informar a la unidad y al juez que investigaban a Luis Bárcenas.

El procedimiento investigado, bautizado como Kitchen, habría incluido la captación del chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, pagado con fondos reservados, y la ejecución de actuaciones sin conocimiento del órgano judicial y de la unidad policial que seguía el asunto. Rajoy y Cospedal, en sus declaraciones, defendieron que si hubo actuaciones fueron «operaciones policiales» orientadas, según sus palabras, a recuperar dinero de Bárcenas y a esclarecer hechos, y negaron disponer de documentación comprometedora que les afectase.

Las palabras de los exdirigentes tienen consecuencias políticas y procesales distintas. Corresponde al tribunal valorar el alcance probatorio de los testimonios, mientras que la Fiscalía mantiene la petición penal máxima contra los acusados. En la sesión también compareció por videollamada Juan Ignacio Zoido, ministro que sucedió a Fernández Díaz, quien, según la crónica, tampoco quiso añadir ingredientes incendiarios a la causa.

Lo que se ventiló ante el tribunal fue, pues, la doble realidad del conflicto: por un lado, la resolución de la Fiscalía sobre la presunta estructura desde la cúpula de Interior; por otro, la férrea protección y la explicación de orden y legalidad ofrecida por quienes ocuparon la dirección del partido en esos años. El proceso judicial seguirá su curso con esa dicotomía, y la valoración final corresponderá a los jueces que examinan pruebas y testimonios.