Un error médico que paraliza a un hombre y desampara a una familia

Hay hechos que golpean y no perdonan. En el Hospital Montecelo de Pontevedra se produjo uno de esos hechos: a Agapito, hombre de 48 años, le administraron nolotil por vía intravenosa a pesar de constar en su historial que era alérgico al metamizol. El resultado fue un shock anafiláctico, quince minutos de parada cardiorrespiratoria y un daño cerebral severo que hoy lo mantiene tetrapléjico y con una discapacidad del 100%.

No se puede edulcorar lo sucedido con ornamentos retóricos: los informes médicos reconocen el error. No son conjeturas ni metáforas, son anotaciones clínicas que ponen en evidencia una cadena de fallos concretos. Agapito había recibido metamizol en otras ocasiones —en 2020 y 2022— por vía oral con consecuencias distintas, pero en Montecelo la vía intravenosa marcó la diferencia y la tragedia.

La familia, con Daniel a la cabeza, no solicita compasión: exige responsabilidad y cuidados. Veinte meses después del evento, la respuesta institucional se traduce en ausencia de rehabilitación adecuada. La Sanidad Pública, que admitió el error, no presta los estímulos ni las terapias que el paciente necesita para intentar recuperar funciones. Es una paradoja cruel: la institución que causó la lesión no financia lo que podría ser su reparación mínima.

La vía judicial y la contabilidad del sufrimiento entran en escena. Las letradas del despacho que representa a la familia han pedido una indemnización cercana a 1,5 millones de euros para cubrir cuidados de por vida; la aseguradora del Servicio Gallego de Salud cuantifica el daño en alrededor de 200.000 euros, basando su cálculo en una estimación de vida de unos cinco años. Son dos visiones del mismo daño: una que proyecta la dignidad de los cuidados y otra que ata el dolor a una cifra hábilmente reducida.

Mientras tanto, la vida cotidiana de la familia se ha reconfigurado en torno al abandono: Daniel deja su empleo de entrenador de fútbol, monta una campaña en redes (perfil @luchandopormilsonrisasdemipapa), vende pulseras solidarias y promueve un crowdfunding para sufragar lo que el sistema no cubre. La pensión de Agapito paga la residencia donde permanece. La escena es cruda y habla por sí sola: la víctima del fallo queda a merced de la caridad cuando quienes causaron el daño deberían garantizar su cuidado.

Los testimonios describen además una atención hospitalaria irregular e inconsistente: contradicciones entre especialistas, terapias interrumpidas —logopedia solo en la UCI—, y, según el hijo, periodos en los que su padre permanecía sin los estímulos necesarios. Algunos profesionales habrían mostrado humanidad y esfuerzo, otros, según la familia, dieron la sensación de esperar un desenlace fatal. No son opiniones gratuitas: son la experiencia de quien vivió el ingreso durante meses.

Ante esto, caben preguntas que no admiten evasivas: ¿cómo un paciente con una alergia registrada recibe el fármaco contraindicador por vía intravenosa? ¿por qué la rehabilitación no se activó de forma sostenida cuando los informes reconocen el error y el daño? ¿es razonable que las vías de reparación queden supeditadas a una disputa indemnizatoria mientras el afectado permanece sin estímulos?

Exigir respuestas y medidas no es un acto de revancha sino de justicia mínima. La familia ha puesto en marcha recursos administrativos, jurídicos y sociales para que Agapito tenga la atención que exige su estado. Corresponde a la administración sanitaria asumir las consecuencias y garantizar la rehabilitación que, según los propios documentos médicos, resulta imprescindible para cualquier posibilidad de recuperación. Lo contrario sería, además de una falla técnica, una decisión ética equiparable al abandono.