Un cadáver en un aljibe: la violencia que exige respuestas

La noticia es de las que hielan la sangre y piden responsabilidades: el cuerpo de Jesús Tavira, empresario alicantino desaparecido el 18 de marzo, ha sido hallado en un agujero cubierto de hormigón en la casa de uno de sus trabajadores en El Bacarot. El hallazgo, confirmado por la Policía y por EL PAÍS, ha terminado con meses de silencio sobre una desaparición que había dejado perpleja a la ciudad.

El principal sospechoso es el mecánico que trabajaba en el negocio de compraventa de vehículos de Tavira; él y su esposa, ambos de nacionalidad argelina, han sido detenidos junto a otros dos varones. El vehículo y los dos teléfonos móviles de la víctima aparecieron quemados días después de su desaparición. El cadáver, de gran corpulencia y en avanzado estado de descomposición, presentaba heridas de arma blanca y fue identificado por análisis de ADN. Una medalla reconocida por la familia permitió apuntalar la identidad antes de los resultados genéticos.

Que un empresario conocido en la ciudad —que además fue subastero y prestamista y solía llevar efectivo encima— aparezca enterrado en un aljibe dentro de la vivienda de un trabajador plantea preguntas que no pueden dejarse en la penumbra. La policía registró la casa durante más de siete horas hasta localizar el cuerpo. Los detenidos pasarán a disposición judicial; el juzgado de instrucción número 5 de Alicante se encargará de la investigación.

Es necesario decir, con claridad y sin permisividades, que este caso llega en la estela de otro crimen que aún no tiene autor conocido: el asesinato de María del Carmen Martínez, la viuda del expresidente de la CAM, ocurrido en diciembre de 2016 en un negocio de compraventa de coches. Tavira fue testigo relevante en aquel proceso; declaró en el juicio y quedó asociado mediáticamente al caso durante años. No hay, por ahora, indicios oficiales que vinculen ambos sucesos, pero la coincidencia de escenarios y relaciones comerciales exige que la investigación sea exhaustiva y transparente.

La sociedad reclama dos cosas ante hechos de esta naturaleza: verdad y justicia. Verdad sobre las circunstancias que llevaron a la desaparición y a la muerte, y justicia con el rigor procesal que exigen los delitos más graves. La Fiscalía, los jueces y las fuerzas de seguridad tienen la obligación de conducir la investigación sin cortapisas y de ofrecer a la familia y a la comunidad respuestas plenas.

No podemos permitir que la gravedad de un hallazgo así se diluya en la rutina informativa. Cada cadáver sin esclarecer es una rendija por la que se cuela la impunidad y la desconfianza. Que la maquinaria judicial actúe con la celeridad y la contundencia que reclama la ciudadanía es una exigencia de decencia pública. Y que, llegado el caso, se depuren responsabilidades y se apliquen las penas correspondientes, es una demanda de la sociedad que no admite complacencias.

Que la familia de Jesús Tavira obtenga pronto el consuelo de la verdad y que la investigación arroje luz donde ahora hay sombras, es la mínima deuda que tiene el Estado con sus ciudadanos cuando la violencia llama a la puerta.