Transparencia a medias: 17 vuelos y muchas preguntas sobre La Moncloa

El oficio de la Guardia Civil al juez Juan Carlos Peinado es un documento que aporta luz, pero también deja sombras. Interior ha remitido a la instrucción los registros de la Oficina Nacional de Información del Pasajero (ONIP): 17 vuelos al extranjero de Begoña Gómez —35 trayectos sumando idas y retornos— y, frente a ello, solo dos viajes fuera de España anotados para Cristina Álvarez, con sus dos regresos. Ninguno de esos desplazamientos de la asesora coincide con los de la esposa del presidente.

Son datos concretos y limitados: ONIP conserva información hasta un máximo de cinco años y, conforme explica el propio oficio, "no existe información anterior". Esa limitación temporal deja fuera, por tanto, los primeros dos años y medio de estancia en La Moncloa que aparecen señalados en la investigación y que pueden ser clave para reconstruir determinadas circunstancias.

Además, la naturaleza de los registros remitidos es también parcial: se trata únicamente de vuelos comerciales. A la enumeración faltan los desplazamientos realizados en aparatos oficiales o destinados a servicios gubernamentales, si los hubiera. La lista, por tanto, no es el mapa completo del movimiento internacional de las investigadas, sino una fotografía tomada desde un ángulo determinado.

La diligencia del juez, que requirió pasaportes a las imputadas para rastrear sus viajes, chocó con la negativa de las defensas a colaborar. Ante esa falta de documentación aportada voluntariamente, Peinado recurrió a la ONIP con un plazo perentorio de diez días. De ese cruce de gestiones surge la respuesta que ahora obra en la causa.

El magistrado había solicitado además información específica sobre seis países —Rusia, República Dominicana, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, República del Congo y República Democrática del Congo—, una petición alineada con la acusación popular de Hazte Oír, que vincula tales destinos con actividades que considera sospechosas. En la respuesta de Interior solo figura, entre los viajes reclamados, la presencia en el Congreso CEAPI de junio de 2022 en República Dominicana; los posibles desplazamientos a Rusia y a varios países africanos habrían quedado fuera del plazo de cinco años cubierto por ONIP.

El dato de contexto es relevante: Begoña Gómez dirigió el Africa Center del Instituto de Empresa entre agosto de 2018 y junio de 2022. Por las fechas de esa actividad, numerosos viajes vinculados a ese periodo no aparecen en la base remitida al juez. Y en una de las líneas de la investigación, Peinado indaga si la asesora pagada por La Moncloa colaboró de forma intensa con las actividades privadas de la esposa del presidente, extremo que, de demostrarse, podría encuadrarse en un presunto delito de malversación de fondos públicos.

Los papeles remitidos son, en suma, un avance procesal que acota movimientos verificables, pero no despejan el panorama entero. Cuando la verdad se somete a los plazos de conservación de una base de datos y a la negativa de las partes a facilitar documentación, la instrucción recibe piezas sólidas, aunque incompletas. El proceso exige ahora completar ese puzle: vuelos oficiales, pasaportes, y fechas anteriores al límite de los cinco años para que la información sea total y ofrezca a la ciudadanía una respuesta definitiva y sin velos.