Torrevieja ante el reto histórico de escolarizar a una ciudad que no para de crecer

Torrevieja se encuentra en cruce de caminos. No es una metáfora: es una constatación administrativa y social. El inicio de la campaña de admisión escolar para el curso 2026/2027 llega envuelta en datos que no admiten eufemismos: el municipio supera ya los 17.000 estudiantes, más de 6.000 respecto a 2019. Más que una cifra, es una llamada de alerta. Ricardo Recuero la describe con la palabra justa: “extraordinario”. Y así debe leerse: extraordinario por su magnitud, extraordinario por su continuidad.

El Ayuntamiento ha cumplido su deber mínimo y ha puesto a disposición de las familias una guía exhaustiva —calendario, fases, criterios de baremación y acompañamiento— y ha facilitado que el procedimiento sea íntegramente telemático a través de la plataforma oficial de la Generalitat Valenciana. Son pasos necesarios: claridad, digitalización y acceso. Pero la claridad administrativa no es sustituto de la planificación estructural. No bastan instrucciones y calendarios si la marea demográfica desborda plazas, recursos y previsión.

El calendario oficial recoge plazos precisos: publicación de vacantes el 7 de mayo; presentación de solicitudes del 7 al 18 de mayo para Infantil y Primaria; publicaciones provisionales y definitivas en junio; y matrícula telemática en fechas cerradas. Para ESO y Bachillerato hay otros plazos igualmente acotados, con fases ordinaria y extraordinaria que cierran el ciclo en julio. Son fechas firmes que deben ser cumplidas por familias y centros. Pero son, también, el escenario de una tensión constante cuando en siete años la ciudad suma miles de escolares.

Recuero no evita la palabra que define la situación: presión sostenida. En el curso 2024/2025 se incorporaron más de 2.000 alumnos sobrevenidos, dato que obliga a leer los números con preocupación y a plantearse medidas que vayan más allá de la gestión del expediente. Si el crecimiento es cuantitativo y sostenido, la respuesta precisa ser igualmente sostenida: planificación, anticipación y compromiso institucional, en coordinación con la administración autonómica, tal como exige el concejal.

La admisión se rige por criterios objetivos: proximidad del domicilio, hermanos matriculados, renta familiar y circunstancias acreditadas. Transparencia y objetividad son la columna vertebral del proceso. Pero la columna necesita sostén externo: inversión en infraestructuras, recursos humanos docentes y dotación material. La administración local ofrece acompañamiento informativo y asesoramiento; la tarea ahora es traducir ese acompañamiento en capacidad real para absorber la demanda educativa.

No hay lugar para la improvisación. Cuando una ciudad crece a este ritmo, la educación deja de ser únicamente una responsabilidad de trámites administrativos y se convierte en una cuestión de Estado local: planificar nuevas plazas, reforzar plantillas, coordinar con la Generalitat y garantizar que ningún alumno quede fuera por falta de previsión. Torrevieja reclama —con razón— una respuesta acorde al desafío. Y las familias, que deben revisar documentos y respetar plazos, también merecen certezas: no solo fechas, sino garantías.

La educación, recuerda Recuero, es prioridad. Pero las prioridades no se declaman: se financian, se planifican, se ejecutan. Torrevieja afronta una campaña de admisión en condiciones inéditas; la prueba de fuego será convertir una guía bien hecha y un calendario riguroso en plazas, profesores y condiciones que garanticen a cada alumno el derecho elemental: aprender en condiciones adecuadas.