Tenemos pandillas, no capos: la verdad incómoda sobre las drogas en EE.UU.

Estados Unidos es uno de los mayores mercados de drogas del mundo. Esa es la primera verdad incuestionable que deja el reportaje de BBC Mundo: no faltan consumidores, sobran redes que satisfacen la demanda.

Según el FBI, hay más de 30.000 pandillas en el país y cerca de 1,4 millones de miembros. Nombres conocidos —Hells Angels, Latin Kings— aparecen ejerciendo funciones claves: transporte, venta, distribución y hasta lavado de dinero. No son detalles menores; son la columna vertebral del abastecimiento interno.

Sin embargo, no emergió aquí un gran capo al estilo de los narcotraficantes mexicanos que han marcado titulares. En agosto de 2025 la declaración de culpabilidad de Ismael "El Mayo" Zambada en un tribunal de Nueva York fue un hito: admitió décadas de tráfico hacia Estados Unidos y las autoridades lo exhibieron como prueba de que los grandes carteles latinoamericanos son los que "inundan" el país de drogas, según palabras que citó la exfiscal Pam Bondi.

Pero esa narrativa oficial deja fuera una pieza esencial: ¿quién distribuye esas toneladas dentro del propio territorio estadounidense? El periodista Jesús Esquivel, autor de la investigación "Los carteles gringos", apunta sin ambages a la extensa red de pandillas y clubes que cumplen ese papel. No es un apunte menor: si la distribución se hace con organizaciones locales, el problema no es sólo fronterizo sino doméstico.

Expertos consultados en el reportaje trazan una diferencia crucial entre ambos fenómenos. Para el exagente de la DEA Mike Vigil y para Steven Dudley, de Insight Crime, las pandillas norteamericanas carecen del poder paramilitar, la infraestructura transnacional y la capacidad de corromper gobiernos que sí exhiben los carteles latinoamericanos. No operan con un "jefe de jefes"; funcionan por células independientes, líderes locales y control territorial fragmentado: barrios, calles, esquinas.

Esa descentralización tiene consecuencias prácticas: hace más difícil desmontar las redes y, simultáneamente, evita la conspicua figura del gran capo. Además, señala Esquivel, hay un incentivo político y policial para no calificar estas redes como "carteles estadounidenses": admitirlo quitaría fuerza a la narrativa que coloca la responsabilidad fuera de las propias fronteras y complicaría la política exterior, especialmente en un contexto en el que él mismo menciona amenazas de presión sobre países como México.

La fotografía que deja el reportaje es clara y austera: no estamos ante un solo enemigo monumental que pueda ser exhibido y derrotado en un juicio mediático; estamos ante un archipiélago de organizaciones que operan dentro del país y que, combinadas con la producción extranjera, alimentan un mercado masivo. Ignorar esa realidad —presentarla sólo como una amenaza externa— es una comodidad política que no resuelve seguridad, salud pública ni educación.

Si hay una lección, urgente y patriótica, es que la lucha contra las drogas exige mirar adentro con frialdad y decisión. Reconocer la existencia de estas redes internas no es exculpar a los carteles extranjeros; es asumir la complejidad del problema y exigir respuestas que ataquen tanto la oferta transnacional como la estructura doméstica que la distribuye.