Sumar exige un escudo social inmediato y apremia al Gobierno

Sumar ha desplegado este lunes un paquete de medidas que reclama con "carácter inmediato y urgente" para mitigar las consecuencias económicas de la guerra en Irán, que el partido define como "ilegal e imperialista". Sin esperar un acuerdo cerrado con su socio de coalición, la formación ha marcado prioridades claras y demandado su aprobación rápida por parte del Gobierno presidido por Pedro Sánchez.

La lista de demandas es concreta y extensa. Entre las primeras exigencias figura bonificar ya el coste del combustible para sectores profesionales —transportistas, taxistas, agricultores y pescadores— y prever compensaciones para particulares si el litro supera los dos euros. También reclaman prorrogar los contratos de alquiler y topar el precio de alimentos básicos, en paralelo al recurso a instrumentos usados en crisis previas.

En el terreno energético, Sumar pide recuperar la llamada excepción ibérica para intervenir el mercado eléctrico y establecer un tope máximo de 30 euros, la misma referencia aplicada al inicio de la guerra en Ucrania en 2022. Solicitan además restablecer el impuesto a las empresas energéticas que, según su relato, posibilitaba recaudar más de 1.300 millones de euros al año destinados a abaratar el transporte público.

Otras propuestas incluyen aumentar el bono social de la electricidad, mantener congelada la tarifa de último recurso del gas y recuperar bonificaciones para las industrias electrointensivas y gasintensivas. El objetivo declarado es proteger a la ciudadanía, reducir la dependencia de los combustibles fósiles y acelerar la transición energética mediante una inversión pública masiva en renovables y electrificación.

Sumar justifica la premura en la emergencia económica: afirma que el cierre del estrecho de Ormuz ha disparado el barril de Brent hasta 120 dólares, el doble de hace un mes, y que estas consecuencias ya se notan en los bolsillos de los españoles y las españolas. Por eso entiende que los Estados existen para proteger a la población en momentos cruciales.

Desde el ala socialista de la coalición, la portavoz y ministra Elma Saiz ha respondido que hay "margen" para aprobar medidas ante la derivada económica del conflicto y que el Ejecutivo está "monitorizando" la situación para poder dar respuesta. Saiz ha señalado la experiencia del Gobierno en desplegar escudos sociales y ha pedido a la oposición que no haga un uso partidista del contexto internacional.

Sobre la dinámica de la negociación, Sumar admite que las conversaciones con el PSOE no avanzan con la rapidez que desea y anticipa que no todo lo solicitado se aprobará en el Consejo de Ministros convocado para este martes. El partido asimismo evita entrar en detalles sobre las conversaciones internas, limitándose a afirmar que su posición es "nítida". En cuanto a la participación del Congreso en decisiones sobre intervenciones en la guerra, Sumar considera que la Cámara "evidentemente" es la sede de la soberanía nacional, sin entrar en fórmulas o consignas simplistas.

La propuesta de Sumar traza un mapa de medidas tangibles para amortiguar un choque externo sobre la economía doméstica: subsidios al combustible, controles de precios en bienes esenciales, prórrogas contractuales y palancas fiscales sobre las eléctricas, junto a mayores apoyos sociales y aceleración de la transición ecológica. Resta ahora ver la velocidad y la voluntad del Gobierno para traducir esas demandas en decisiones ejecutivas y en qué términos se articulará el llamado "escudo social" que ambos socios proclaman poder desplegar.