Sumar exige que se escrute la memoria de la mili: justicia para los olvidados

Sumar ha presentado en el Congreso una proposición no de ley para que se cree un comité de expertos encargado de investigar "todas las muertes ocurridas y no esclarecidas" durante la prestación del servicio militar obligatorio en España en el periodo democrático. Es una iniciativa que pretende arrancar del silencio los relatos que durante décadas han permanecido cerrados tras los muros de los cuarteles.

La proposición, registrada por los diputados Félix Alonso y Aina Vidal y prevista para debatirse en la Comisión de Defensa, ofrece una vía alternativa a la comisión parlamentaria: un comité técnico que recabe la participación y el testimonio de las víctimas y de las asociaciones que las representan, y que redacte un informe de conclusiones con propuestas de reconocimiento del daño y de reparación "en la medida de lo posible".

No es un capricho retórico: la iniciativa remite a evidencias concretas. Alude al documental Morts silenciades, emitido en Televisión de Catalunya, que denuncia agresiones físicas, abusos, maltrato psicológico, torturas y violaciones sufridas por miles de hombres que hicieron la mili ya en democracia. Fruto de una investigación en red surgieron testimonios que apuntan a tratos vejatorios y torturas en distintos cuarteles con graves consecuencias físicas y psicológicas.

La propuesta reclama además la apertura de un archivo de memoria histórica específico y público con documentos e información sobre los reclutas que cumplieron el servicio militar obligatorio en ese periodo, para facilitar el acceso a familias e investigadores. Es una demanda de transparencia: el propio texto observa la dificultad de encontrar cifras bien documentadas en los archivos militares y señala el dato del Ministerio de Defensa, que calculó 303 suicidios entre 1983 y 2001, cifra tildada por la PNL de "sospechosamente exigua". El texto añade el cálculo —resultado de esa labor de investigación colectiva— de que 1.900 reclutas murieron haciendo el servicio militar.

La iniciativa choca, de momento, con la prudencia del PSOE, que ha rechazado por ahora fijar fecha para debatir otra proposición, impulsada por ERC, Sumar y otros socios, para crear una comisión parlamentaria de investigación sobre acosos, malos tratos y vejaciones en la mili en los años 80 y 90. Los socialistas alegan que ya hay suficientes comisiones parlamentarias en activo y prefieren esperar. Esa posición abre una pregunta esencial: ¿la política se arroga el derecho de posponer la búsqueda de verdad y reparación cuando los testimonios piden urgencia?

No se trata de revancha política sino de claridad histórica y de respuesta al sufrimiento. Si hubo agresiones, abusos y muertes no esclarecidas, el Estado tiene la obligación de investigarlo, de identificar responsableidades políticas y castrenses y de ofrecer reparación a las víctimas. La propuesta de Sumar busca traducir el clamor de personas que, hoy en sus cincuenta y sesenta años, han relatado heridas que no cierran y reclama que la República democrática muestre su rostro transparente.

Abrir archivos, escuchar a testigos y producir un informe técnico no es teatralidad: es la condición mínima de una sociedad que se dice democrática. La política debe decidir si acompaña esa búsqueda de verdad o si prefiere, otra vez, dejar las puertas cerradas y las historias en la penumbra. España merece saber. Las familias merecen respuestas.