Solidaridad y ley frente al interés municipal: la Vega Baja cumple donde faltan plantas

La controversia desatada entre el alcalde de Villena y el presidente del consorcio de residuos de la Vega Baja revela, por encima de la retórica, una realidad técnica y legal incontestable: la gestión de los desechos en la Comunitat Valenciana se articula "en conjunto y en común". No es, por tanto, una decisión discrecional de la Vega Baja, sino el cumplimiento de una normativa autonómica que obliga a cooperar entre comarcas y consorcios.

La Vega Baja afronta la gestión de aproximadamente 200.000 toneladas de residuos al año y, hasta que disponga de su propia planta, no dispone de más alternativa que repartir esos desechos entre las instalaciones que aceptan recibirlos. Parte de esa basura ya viaja fuera de la autonomía, con destinos como Cuenca o Almería. ¿Vamos a permitir que el capricho o la protesta de un Ayuntamiento ahonde en la factura que pagan los ciudadanos?

Cuando una planta sufre averías o incidencias técnicas, las rutas se reconfiguran y los costes se disparan. Cano ha puesto en evidencia lo elemental: trayectos de hasta 700 kilómetros —solo en ida y vuelta en ciertos casos— encarecen la prestación y acaban repercutiendo en la tasa que sostienen los vecinos. Bloquear el acceso a una instalación disponible no es acto de defensa local, es decisión de coste social y económico.

Que el Ayuntamiento de Villena esté "en su derecho" de acudir a los tribunales es un hecho; que la planta ubicada en su término no sea del propio consistorio sino del Consorcio CREA es otro. También lo es que el municipio recibe compensaciones por cada tonelada tratada. Son hechos. Ante eso, la Generalitat mantiene instrumentos para garantizar el tratamiento de residuos en el territorio valenciano si fuera necesario.

No vale la demagogia de acusar a la Vega Baja de dos décadas de dejadez sin admitir las limitaciones materiales que describe su propio representante: la falta de una planta propia. La responsabilidad colectiva exige a veces dejar a un lado las posturas locales y aceptar soluciones compartidas que eviten un prejuicio mayor: más costes, más kilómetros, más tasa para las familias.

En suma: la ley y la realidad técnica mandan. Quien quiera convertir la gestión de residuos en un arma política debe asumir que las consecuencias las pagan los ciudadanos. La solidaridad entre comarcas no es concesión, es obligación para garantizar servicios eficaces y sostenibles.