Sin responsabilidades, con privilegios: la democracia no admite indulgencias

Cuando Lord Carrington dimitió tras la invasión de las Malvinas en 1982 no fue para reparar el daño —no había ordenado la invasión— sino para señalar un principio elemental: la autoridad política exige responsabilidad. Ese gesto, austero y solemne, sería hoy una rareza. Nuestra clase política, lejos de asumir responsabilidad, se escandaliza por la pérdida de vocación democrática del pueblo, como si el proceso no tuviera relación con su conducta.

Los hechos son tozudos. El informe de la Guardia Civil sitúa la causa del accidente ferroviario de Adamuz en la rotura de la vía producida el día anterior a la colisión. Ese registro quedó reflejado por los sistemas: una alteración eléctrica compatible con una fractura quedó registrada, pero no generó alerta porque el umbral de aviso era superior. El resultado: 46 muertos y ninguna dimisión. Meses después, los responsables del sistema que debía garantizar la seguridad siguen en sus puestos.

Hay un patrón. Las comunicaciones internas de Red Eléctrica muestran que los problemas de tensión en la red se venían registrando desde meses antes del gran apagón. Desde enero de 2025, los técnicos describían caídas de tensión, oscilaciones, inestabilidad generalizada y la falta de capacidad para absorber desajustes. Incluso la mañana del apagón se señalaban oscilaciones ligadas a la insuficiencia de generación firme. El fallo llegó, produjo caos, daños y víctimas; la presidenta de Red Eléctrica permanece en su cargo.

Junto a estos episodios técnicos conviven decisiones políticas que alimentan la sensación de doble rasero institucional. La concesión de un régimen de semilibertad a una condenada por terrorismo sin haber cumplido los requisitos y el recurso de la Fiscalía en defensa del ex fiscal general condenado son hechos que, unidos a la falta de consecuencias por errores graves, socavan la percepción de imparcialidad y de igualdad ante la ley.

Gobernar es decidir en nombre de otros, pero también responder por ese privilegio cuando hay fallos dentro de una esfera de competencia. La dimisión, como escribió Manuel Arias Maldonado, actúa como una purga simbólica del cuerpo político: un acto visible de rendición de cuentas. Cuando los fallos graves no traen consecuencias y las normas se aplican de forma interesada, la confianza en las instituciones se deteriora.

Si quienes alcanzan la cumbre del poder actúan como si la rendición de cuentas fuera un simple gesto retórico, la ciudadanía concluirá que la democracia se ha convertido en un protocolo decorativo. Y entonces no habrá indignación que baste ni gesto retórico que la calme: lo que exige la nación es responsabilidad real, no privilegios maquillados con retórica.