Silencios y teléfonos: la versión oficial que pisa la memoria de la DANA

La comparecencia de Susana Camarero ante la jueza de Catarroja no es un mero trámite procesal: es una escena que interroga a la propia gobernanza en la peor tragedia reciente de la Comunitat. La vicepresidenta, primera consejera del Gobierno valenciano en declarar por la DANA que dejó 230 muertos, ha planteado una versión nítida y al mismo tiempo inquietante: aquella tarde del 29 de octubre de 2024, no habló "ni un minuto" con Carlos Mazón.

Es una afirmación que pretende cerrar un circuito de responsabilidades. Camarero sostuvo ante la magistrada que "no hablo con el 'president' en una situación de emergencia" y que tampoco recibió instrucciones de Mazón ni de su entorno, citando expresamente a su exjefe de gabinete. El mensaje es claro: la gestión, dice, correspondía a la consellera Salomé Pradas y al secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.

Pero la contundencia de la negación no borra preguntas legítimas. Camarero reconoció que se conectó telemáticamente a la reunión del Cecopi —"yo no sabía lo que era", llegó a decir—, que se desconectó minutos después y que mantuvo contactos con Argüeso para controlar la situación en las residencias de mayores bajo su responsabilidad. Recordó además el envío a las residencias a las 9:52 horas de un protocolo frente a lluvias aprobado meses antes, y explicó por qué ese protocolo no llegó a la residencia de Paiporta: "no había correo de contacto".

Son detalles técnicos, que por sí solos no acreditan ni eximen. La vicepresidenta admitió que no hubo un listado previo de centros que pudieran verse afectados y que su departamento no dispone de un sistema para el envío masivo de mensajes a usuarios del servicio de teleasistencia, circunstancia que justifica la ausencia de comunicación a los usuarios de dicho servicio.

En medio de esas explicaciones, Camarero accedió a entregar voluntariamente al juzgado el chat de WhatsApp compartido por los consejeros la jornada fatídica. Tras dudas iniciales y un receso para consultarlo, confirmó que aportará los mensajes, a petición además planteada desde la acusación. Esos registros digitales serán piezas probatorias que pueden confirmar o refutar la narrativa oficial: si hubo coordinación plena o si, como ella afirma, el 'president' permaneció al margen.

La respuesta pública a su declaración fue inmediata y áspera. Las asociaciones de víctimas han pedido la imputación de Camarero y calificaron su entrada al juzgado por el garaje como "una bofetada", muestra del profundo malestar y de la exigencia de respuestas que no se disipan con protocolos ni con negaciones. La propia llegada protegida, autorizada por el tribunal ante la presencia de concentraciones de víctimas, es síntoma de una confianza quebrada.

No es momento de metáforas: si la tragedia reclama claridad, los hechos son los que deben hablar. La entrega de los whatsapps puede ser el hilo que desenrolle responsabilidades; o puede quedarse en gesto formal si las piezas no se articulan con transparencia. Quienes gobiernan y quienes fueron responsables de servicios esenciales —residencias, teleasistencia, emergencias— tienen la obligación de someter sus comunicaciones y decisiones a la luz del examen judicial y público. La memoria de los 230 muertos y el clamor de las víctimas así lo exigen.