Silencio y almuerzo cuando el agua mataba: la cúpula valenciana desconectada

La secuencia de mensajes del grupo de altos cargos de la Generalitat durante la DANA del 29 de octubre de 2024, aportada por la vicepresidenta primera Susana Camarero a la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, pinta un cuadro de descoordinación y de prioridades fuera de lugar.

A las 8:17 el president hace un llamamiento a “inundar de datos a los medios” y a las 8:18 pide transmitir “calma” a la ciudadanía. A las 8:53 firma su último mensaje en el grupo, corrigiendo una errata en un tuit. Desde ese momento el hilo del jefe del Consell se apaga: el hombre que debía dirigir la reacción operativa deja de dar órdenes en horas críticas.

Mientras tanto, los miembros del Gobierno informan de incidencias: a las 10:20 el conseller de Educación comunica la suspensión de clases en 64 colegios (59 en Valencia). A las 13:09 la responsable de Emergencias, Salomé Pradas, difunde la alerta hidrológica en el barranco del Poyo y en el río Magro, y menciona el riesgo en municipios como Paiporta y Catarroja, allí donde la tragedia causó decenas de víctimas.

Pero llega el silencio informativo en el momento más trágico: el chat no registra notificaciones entre las 15:29 y las 18:30, el intervalo en que se produce el desbordamiento del barranco del Poyo que desencadenó la catástrofe. Mientras decenas de llamadas alertan al 112 desde localidades como Chiva o Cheste, la conversación colectiva de la cúpula está paralizada.

El president participa esa mañana en tres actos y, según los mensajes, inicia un almuerzo de casi cuatro horas en un restaurante céntrico de Valencia. Cuando abandona el local por la tarde, lo hace con información ya conocida por su equipo sobre la magnitud de la riada; sin embargo, la alerta masiva a móviles —el Es Alert— no se envía hasta las 20:11, una hora que la jueza ha señalado como determinante: si se hubiese emitido antes, podría haberse salvado vidas.

Tras el envío del Es Alert, la actividad del Gobierno se dispara: a las 20:11 la vicepresidenta apunta que “tiene las residencias de mayores inundadas” (37 ancianos conectados a la teleasistencia fallecieron), a las 20:37 se informa de 30 personas aisladas en la sede de FGV y se notan aislamientos en hospitales. A las 21:11 el conseller de Educación denuncia que “la izquierda ya ha empezado su campañita”.

Los mensajes aportados al juzgado no recogen trazas previas de la decisión de activar el Es Alert. La última comunicación antes de la notificación masiva es de un responsable de Infraestructuras informando de incidencias en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Ese hueco de decisiones y de coordinación en el momento clave es ahora objeto de investigación judicial.

No son conjeturas: son timestamps, mensajes y ausencias que hablan por sí mismos. Los hechos que constan en el expediente —los WhatsApp entregados por Camarero, las llamadas al 112, el envío del Es Alert a las 20:11 y la secuencia de comunicaciones dentro del Gobierno autonómico— dibujan una gestión desordenada en la jornada que acabó con 230 muertos. La Justicia tiene ahora la palabra para esclarecer responsabilidades frente a un silencio que costó vidas.