Silencio protegido: Koldo García se niega a declarar sobre las mascarillas en Baleares y Canarias

Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, se acogió al derecho a no declarar ante la Audiencia Nacional sobre la venta de mascarillas a los gobiernos de Baleares y Canarias, cuando presidían aquellas comunidades Francina Armengol y Ángel Víctor Torres respectivamente. La decisión llegó tras la citación del juez Ismael Moreno, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, motivada por un informe de la UCO sobre la actuación de la trama en Baleares que se suma a otro previo sobre Canarias.

La defensa, representada por la abogada Leticia de la Hoz, fundamentó la decisión en la imposibilidad de ser juzgado dos veces por los mismos hechos: alegó que esta parte de la investigación ya se abordó en el juicio celebrado en el Tribunal Supremo. Ese argumento, expuesto ante el tribunal, explica el silencio procesal de García en la comparecencia del 6 de mayo.

El fiscal Luis Pastor señaló que, tras la detención de Koldo en 2024, en su declaración anterior solo se le había preguntado por las compras de mascarillas del Ministerio, no por las adquisiciones realizadas por gobiernos autonómicos; por ello consideró necesario tomarle declaración ahora por un posible delito de tráfico de influencias. El empresario Víctor de Aldama enfrentará una comparecencia aplazada al día 21 por razones organizativas, en una maniobra paralela en la instrucción.

Armengol y Torres ya fueron citados como testigos en el juicio del Tribunal Supremo, si bien hicieron uso del privilegio de contestar por escrito, minimizando en sus escritos la relación con la trama. En el caso de Armengol, ello contrasta con el informe de la Guardia Civil que recogía más de 60 cruces de mensajes entre ella y Koldo García.

La competencia de esta rama del caso recayó finalmente en la Audiencia Nacional por la inexistencia de aforados y porque la instrucción todavía no estaba concluida cuando Ábalos renunció a su escaño. Los escritos de la Fiscalía y de la acusación popular ante el Supremo no abordaban esta parte concreta de la actuación de la trama.

El informe de la UCO sobre Baleares sostiene que los contactos de Koldo con Armengol explican la agilidad con la que la trama pudo vender y cobrar material sanitario: el Gobierno autonómico adquirió mascarillas por valor de 3,7 millones de euros y gastó 1,1 millones en pruebas PCR. En cuanto a Canarias, los investigadores consideran acreditada la "influencia" de Aldama en el Gobierno autonómico mediante el binomio Koldo-Ábalos para lograr la adjudicación de contratos públicos pese a las reticencias de los funcionarios; esas dudas técnicas provocaron retrasos en los pagos a la empresa vinculada a la trama.

La propia instrucción recoge comunicaciones directas que ilustran la presión sobre la gestión administrativa: Koldo pidió a Torres ayuda para agilizar pagos y, en un mensaje fechado el 14 de julio de 2020, Torres escribió a Koldo: "Me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica. Y o lo soluciona o la levanto para el aire". Esos pasajes figuran en el expediente que ahora examina la Audiencia.

El escenario es, pues, el de una investigación que prosigue en dos frentes: por un lado, la voluntad de la defensa de evitar una doble exposición judicial; por otro, la persistencia de la UCO y de la Fiscalía en dilucidar si la red de influencias facilitó adjudicaciones y pagos irregulares en comunidades autónomas durante la pandemia. El silencio procesal de Koldo García no extingue la investigación; la instrucción continúa, con la Audiencia Nacional asumiendo la competencia para esclarecer los hechos que los informes policiales han puesto sobre la mesa.