Silencio en la última palabra: el juicio Pujol llega a sentencia entre acusaciones y renuncias

El fin de la vista oral ha venido envuelto en un silencio consciente. Ninguno de los siete hijos de Jordi Pujol —Jordi, Josep, Oriol, Marta, Mireia, Pere y Oleguer— hizo uso de la última palabra que la ley les concede. Uno a uno, así lo comunicaron ante la Sección Primera, y con esa renuncia el presidente del tribunal proclamó, con una sonrisa, “visto para sentencia”.

Casi medio año de sesiones —la vista arrancó el pasado noviembre y se ha prolongado casi seis meses— concluyen sin que acusaciones y defensas hayan modificado sustancialmente sus posiciones. Anticorrupción ha dejado ferme sus peticiones: penas que oscilan entre ocho y veintinueve años de prisión por delitos graves atribuidos a los acusados, entre ellos asociación ilícita, blanqueo, fraude fiscal y falsedad documental.

El fiscal Fernando Bermejo reclama la pena máxima —29 años— para Jordi Pujol Ferrusola, señalado como supuesto director de la asociación ilícita y acusado, además, de blanqueo, falsedad en documento mercantil, cinco fraudes fiscales y de frustración de la ejecución por haberse desprendido de bienes. Los otros seis hermanos afrontan pedidos de condena que van desde los ocho a los catorce años, todos integrados por Anticorrupción en la figura de la asociación ilícita con cargos añadidos de blanqueo y, en algún caso, fraude fiscal.

La ex pareja de Pujol Ferrusola, Mercè Gironés, se enfrenta a la segunda petición más elevada: diecisiete años. Nueve empresarios sentados también en el banquillo —un décimo falleció una vez iniciado el juicio— reciben peticiones fiscales de cinco años por blanqueo y falsedad documental; ellos, como los Pujol, renunciaron igualmente a enviar un último mensaje al tribunal.

El proceso sufrió ya una modificación relevante: el ex president Jordi Pujol quedó definitivamente apartado de la causa por entender el tribunal que sus facultades mentales no le permitían ejercer la defensa. En fase de instrucción ocurrió algo análogo con su esposa, Marta Ferrusola, que falleció antes de este juicio.

Las defensas sostienen, conforme a lo declarado en sala, que los fondos localizados en Andorra y sacados a la luz por EL MUNDO en 2014 proceden de la herencia del abuelo Florenci, cuya deixando definen como opaca; alegan asimismo que no se ha demostrado irregularidad en las operaciones empresariales por las que se les atribuye haber cobrado comisiones y que no existe prueba de blanqueo por la naturaleza opaca de esa herencia. Añaden, además, que la investigación habría tenido su origen en informaciones obtenidas por este diario y, según critican, por una supuesta "policía patriótica" que coaccionó a los bancos andorranos, argumento que, según las defensas, debería conducir a la nulidad de la investigación.

No sólo el Ministerio Fiscal ha intervenido: la Abogacía del Estado, en representación del Ministerio de Hacienda, también ejerce acusación y reclama penas elevadas para los dieciséis acusados. Con el cierre de las últimas intervenciones defensivas y la renuncia de los encausados a la última palabra, la Sección Primera dispone ahora del expediente y de las conclusiones para deliberar y dictar sentencia.

Así concluye una vista que ha atravesado, sin solución de continuidad, la tensión entre peticiones fiscales contundentes y defensas que apelan a la herencia y a la supuesta nulidad probatoria. El tribunal tendrá la palabra definitiva; los ciudadanos la espera en la forma de una resolución judicial que, por fuerza, pondrá punto final a este largo proceso.