Silencio en la cima: el Papa visita Montserrat sin nombrar la herida

La abadía de Montserrat es símbolo de fe y de identidad catalana; también es, según los hechos publicados, lugar donde germinó uno de los mayores escándalos de pederastia clerical en España. El papa León XIV la visitó este miércoles. Frente a la historia que pesa en esos muros —los abusos destapados por este diario, los tres abades anteriores acusados de encubrir durante décadas, las al menos 15 víctimas vinculadas a tres frailes—, el Pontífice guardó silencio público sobre la cuestión en su discurso ante la comunidad benedictina.

No es un vacío menor. La propia abadía pidió perdón y reconoció los abusos en un informe en 2019; la única reparación reconocida por la vía judicial se produjo tras una condena en 2024. Miguel Hurtado, la primera víctima en salir a la luz y voz activa contra la lacra, había pedido explicaciones y esperaba al menos una mención que no llegó. Ha calificado Montserrat como “la zona cero de la pederastia clerical catalana”.

Que el Papa haya definido el fenómeno como una “plaga” días atrás, y que se haya reunido de forma reservada con seis víctimas en Madrid, no borra la ausencia en Montserrat: el discurso del monasterio se llenó de llamados a renunciar a las “palabras hirientes” y a la agresividad, pero no pronunció la palabra que articula la demanda de justicia y memoria en Cataluña. La agenda pública y la fraternidad religiosa se impusieron a la confrontación abierta con la evidencia local.

Los datos aportados por EL PAÍS dibujan la magnitud del problema en Cataluña: 236 clérigos acusados y al menos 506 víctimas, el mayor registro autonómico del país; casos que abarcan desde 1941 hasta 2024. Por provincias, Barcelona acumula el grueso (176), seguida de Tarragona (22), Lleida (20) y Girona (11). Entre las instituciones con más denuncias figuran la archidiócesis de Barcelona y órdenes como maristas, jesuitas y La Salle. En la base de datos constan, además, al menos 31 casos con acusaciones o sospechas de encubrimiento.

En ese marco, es llamativa la información de que en el encuentro del Papa con los agustinos españoles estuvo presente Agustín Alcalde, prior provincial entre 2010 y 2014, señalado por no haber abierto una investigación interna sobre una denuncia policial de 2010 por abusos a una niña de seis años. La orden declara que “en el encuentro estuvieron todos los agustinos que pudieron y quisieron estar”. Según la base consultada, no consta ningún caso atribuido a los agustinos, aunque la denuncia concreta y la acusación pública han sido difundidas por este periódico.

El balance público es doloroso y claro: en la ocasión más propicia —la visita a Montserrat, epicentro del escándalo—, el Papa no aludió al problema que más atenaza a la comunidad catalana. Queda la posibilidad de que lo hiciera en otros actos, pero los hechos conocidos muestran una elección evidente de perfil bajo por parte de la Iglesia española y del Vaticano en el tratamiento del asunto. La omisión, en este caso, no es una neutralidad inocua: es un agravamiento de la herida para las víctimas que reclaman reparación visible y pública.

Que la autoridad moral que representa el Pontífice pase por la “zona cero” sin nombrar el delito ni reconocer la trama de encubrimientos denunciada es, por los hechos publicados, una decisión con coste ético. Cuando la Iglesia se coloca por encima del examen público en el lugar mismo donde se reclama justicia, el silencio se convierte en un lenguaje más elocuente que cualquier discurso sobre la dignidad humana.

Las instituciones y los fieles merecen claridad; las víctimas, memoria y reparación. Los datos y las evidencias están sobre la mesa. Lo que falta, según lo publicado, es la palabra y el gesto acorde a ello en Montserrat.