Silencio bajo vigilancia: el Golfo refuerza el cerrojo sobre las voces digitales

Los hechos son tozudos y no admiten adjetivos gratuitos: desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, hace dos meses, los Estados del Golfo han elevado la vigilancia y la represión sobre las expresiones públicas en internet.

Arrestos, procesos y deportaciones; decretos nuevos, vías de apelación restringidas y la aplicación de leyes ya existentes para incluso despojar de la nacionalidad a personas señaladas por “glorificar” o “simpatizar” con actos hostiles iraníes. Bahréin, por ejemplo, revocó la nacionalidad a 69 personas por esos motivos, según comunicó su Ministerio del Interior.

No son casos aislados. En Kuwait, el Tribunal de Seguridad dictó sentencias el 23 de abril contra 135 personas por supuestos delitos vinculados a redes sociales: 17 condenas de tres años, una sentencia en ausencia de 10 años y 109 acusados que, aunque no recibieron pena carcelaria, fueron obligados a eliminar publicaciones. Nueve fueron absueltos.

Periodistas, influencers, activistas y ciudadanos comunes han sido arrastrados por esta marea represiva. Entre los detenidos estuvo el periodista kuwaití‑estadounidense Ahmed Shihab‑Eldin, arrestado en marzo y absuelto tras 52 días de detención, según reportes. La medida de crear tribunales especiales para seguridad nacional y contraterrorismo y los nuevos marcos punitivos – penas de 3 a 10 años y multas en Kuwait por publicaciones que, se alega, puedan socavar al ejército – dibujan un panorama de acoso legal sobre la opinión pública.

La vigilancia ha dejado de ser virtual para convertirse en práctica cotidiana: controles en carreteras, revisiones de teléfonos y consultas de mensajes, fotos y notas de voz, conforme a testimonios recabados por la BBC. Organizaciones de derechos humanos, tanto locales como internacionales, advierten que estas medidas provocan una amplia autocensura y erosionan el periodismo independiente.

Hay también un sesgo preocupante: muchos de los detenidos pertenecen a la comunidad chiita, según fuentes consultadas, lo que alimenta el temor a medidas arbitrarias —juicios sin garantías, revocación de ciudadanía— y un clima de intimidación que disuade el debate público.

Apenas se ha hablado de matices: los cargos comunicados incluyen incitación al enfrentamiento sectario, difusión de noticias falsas y uso indebido de teléfonos celulares. Pero el resultado tangible es la restricción de la libertad de opinión y la transformación de internet en un territorio de riesgo para quien exprese dolor, solidaridad o simple curiosidad informativa.

Los Estados del Golfo han decidido, en plena sacudida geopolítica, que la seguridad nacional es sinónimo de control interno. No se discuten aquí intenciones ni conspiraciones; se consignan, con crudeza documental, medidas que han modificado el paisaje de la expresión pública en pocas semanas. Y esa constatación exige una pregunta incómoda: ¿qué queda de la esfera pública cuando la prudencia forzada por el miedo sustituye a la libertad que permite a las sociedades debatir, corregir y avanzar?