Silencio activo: España renuncia a Eurovisión por coherencia con los derechos humanos

El Gobierno ha decidido que este año España no estará en Eurovisión. La afirmación no es menor: RTVE ha optado por no participar por la presencia de Israel en el festival y el presidente Pedro Sánchez ha salido a respaldar esa determinación en un mensaje difundido en sus redes sociales.

Sánchez ha explicado la decisión con un verbo duro y directo: "frente a la guerra ilegal y el genocidio, el silencio no es una opción". No se trata, ha dicho, de una simple ausencia protocolaria; es una postura ponderada que, según el presidente, combina coherencia, responsabilidad y humanidad. Así lo ha presentado: una elección cultural que reivindica el compromiso de España con los derechos humanos y la legalidad internacional.

El jefe del Ejecutivo ha apelado a la coherencia: recordó que cuando Rusia fue apartada del festival por su invasión de Ucrania, España apoyó aquella decisión. De ese antecedente extrae una exigencia moral consistente: no puede haber dobles estándares. Si la defensa de la paz y la dignidad fueron entonces motivos suficientes para la exclusión, deben serlo también ahora, ha sostenido.

Sánchez, además, enmarca la ausencia como una reivindicación del espíritu original del festival: un certamen nacido para promover la paz, el acercamiento y la diversidad en Europa. Pero advierte que cuando esos principios se confrontan con lo que él califica de "guerra ilegal" y "genocidio" en Gaza y en el Líbano, la respuesta no puede ser la indiferencia.

El presidente subraya que no está solo: la decisión de España se une a la de otros países —citó a Irlanda, Islandia, Países Bajos y Eslovenia— y responde también al alejamiento de muchos aficionados europeos. "No estaremos en Viena", concluye Sánchez, "pero lo haremos con la convicción de estar en el lado correcto de la historia".

Es una decisión política que convierte un acto cultural en un gesto diplomático y moral. Queda planteada, ahora, la pregunta que cualquier lector responsable puede formularse sin necesidad de más elocuciones: hasta qué punto la cultura debe ser usada como instrumento de presión, y cuándo esa presión se transforma en coherencia con normas y derechos que las democracias dicen defender. El Gobierno ha optado por contestar con la ausencia; la sociedad, los actores culturales y la comunidad internacional deberán medir las consecuencias y los efectos de ese gesto.