Semilibertad para 'Anboto': la decisión que reabre heridas

El Ejecutivo autonómico ha concedido a Soledad Iparraguirre, conocida como 'Anboto', un régimen de semilibertad de lunes a viernes, con la obligación de pernoctar en la prisión de Martutene. Se trata, según las fuentes oficiales, de una fórmula intermedia regulada en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario destinada a la "preparación" para la salida, no de un tercer grado.

La autorización permitirá a la interna salir de la cárcel de lunes a viernes a partir del lunes 23, si bien por ahora no consta la fecha exacta en la que empezará a aplicarse. Para acceder a esta modalidad, la normativa exige la presentación de un "plan de ejecución" que acredite trabajo o labores de voluntariado con horarios concretos.

El siguiente paso procesal corresponde a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que debe emitir un informe no vinculante, y a la decisión final del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, que tendrá la última palabra sobre la confirmación del régimen.

No es un hecho aislado: en febrero se aplicó un régimen similar al exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu, 'Txeroki', una concesión que suscitó críticas de varias asociaciones de víctimas del terrorismo, según la información publicada.

La trayectoria judicial de Iparraguirre es extensa y documentada. Nacida en Eskoriatza (Gipuzkoa) en 1961, fue detenida en octubre de 2004 en Francia, en Salies-de-Béarn, junto a Mikel Albisu. En aquel momento se la atribuía la dirección del aparato de extorsión de la banda.

Procesada en Francia por la juez antiterrorista Laurence Le Vert, el 17 de diciembre de 2010 fue condenada, junto a su pareja Albisu, a 20 años por el Tribunal de lo Criminal de París. Francia la entregó a la justicia española el 4 de septiembre de 2019 para responder por atentados cometidos en España.

Tras su entrega, en España fue condenada en 2020 a 122 años por el asesinato del comandante Luciano Cortizo en diciembre de 1995 en León. En otra causa por un atentado con granadas en la comisaría de Buenavista de Oviedo (1997), la Fiscalía pidió 71 años pero en enero de 2021 la Audiencia Nacional la absolvió al entender que ya había sido sancionada en Francia por hechos vinculados a la dirección de ETA.

Se sentó por tercera vez en el banquillo en diciembre de 2020 en un proceso por un atentado frustrado contra un dispositivo policial en Mendizorroza (Vitoria) en 1985; aunque inicialmente fue absuelta, el Tribunal Supremo ordenó repetir el juicio y la nueva vista concluyó con una condena de 425 años. También fue condenada a 39 años por el asesinato del cartero Estanislao Galindez en 1985 y a 46 años por la colocación en 1987 de una bomba trampa en la puerta de un bar de Eskoriatza.

En septiembre de 2021 se le impuso, además, una condena de 15 años por ordenar el asesinato del rey Juan Carlos durante la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao en octubre de 1997. En 2018, junto a Josu Urrutikoetxea, 'Josu Ternera', participó en el anuncio de la disolución de la banda.

Los hechos constatan una trayectoria penal relevante y múltiples sentencias; la concesión del régimen de semilibertad plantea ahora una decisión administrativa y judicial que debe conjugar normas penitenciarias y la sensibilidad de las víctimas. La Fiscalía y el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria tienen ante sí la responsabilidad de decidir si procede la confirmación de una medida que, por su propia naturaleza, vuelve a colocar en el primer plano la memoria de los crímenes juzgados y las expectativas de la sociedad sobre la ejecución penal.