Semana Santa y la gestión del viaje: el Estado habla en catalán pero exige conducir en las normas comunes

Arranca la operación salida de Semana Santa con un despliegue que no admite contemplaciones: 4,3 millones de desplazamientos previstos en el primer tramo y 17 millones hasta el lunes 6 de abril. No son cifras retóricas; son ciudadanos que se moverán por carreteras vigiladas por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, por helicópteros y por cámaras que no descansan.

El recuerdo de 27 víctimas en el mismo periodo del año anterior —con ocho motoristas entre ellas— obliga a hablar con claridad. La DGT no maquilla riesgos: recomienda planificar la ruta, evitar el móvil al volante, ni alcohol ni drogas, respetar los límites de velocidad y, sobre todo, llegar y volver para contarlo. Consejo viejo, imperativo nuevo: la seguridad no espera buenas intenciones.

Junto a las medidas humanas, la tecnología toma la delantera. En esta operación se conectan 33 radares fijos y de tramo que a partir de ahora sancionan; durante un mes la DGT remitió cartas informativas, hoy las notificaciones son denuncias efectivas. La baliza V‑16 deja de ser opcional: es obligatoria y su uso comunica la posición exacta a la plataforma DGT 3.0. Quien no porte la V‑16 se expone a una multa —la cifra figura en la orden— igual que antes lo hacía el uso de triángulos. No hay indulgencias, aunque el organismo aclaró que no se estaba sancionando masivamente en el periodo de implementación.

La operación incluye además carriles reversibles, itinerarios alternativos, paralización de obras, limitación de actos que ocupen la calzada y restricción de camiones en tramos y horas concretas. Todo ello para que el tránsito de vehículos hacia la costa, segundas residencias y ciudades de tradición procesional no se convierta en un rosario de atascos y desgracias.

Hay, no obstante, otra nota a subrayar: el servicio 011 incorpora ahora un programa asistido por inteligencia artificial que permite atender en castellano, inglés, catalán, gallego y euskera. Es una realidad administrativa: la DGT ha dotado al teléfono de capacidades de procesamiento del lenguaje para transcribir interacciones, identificar entidades relevantes y analizar el estado emocional del usuario. No es menor: la administración adapta sus canales a la pluralidad idiomática de España, mientras recuerda que la convivencia vial exige un único código: el cumplimiento de las normas.

Que el lunes 6 sea festivo en Cataluña —junto a otras comunidades— es un dato del mapa festivo; que la DGT incluya el catalán en su atención es una decisión técnica y práctica. No debe confundirse la normalización de la lengua en servicios públicos con la laxitud en la aplicación de la ley: la baliza V‑16, los radares activos y las sanciones son uniformes en todo el territorio. La libertad de moverse y de expresarse no exime de la obligación de respetar las reglas que protegen la vida.

No es momento de concesiones simbólicas ni de medias verdades: la prioridad colectiva es la seguridad. Que la administración hable en la lengua de quien la necesita es un mérito operativo; que quien conduce se someta sin excusas a la ley es una exigencia moral y cívica. Semana Santa reclama respeto a las costumbres y a las vidas. No hay dialecto que justifique la imprudencia ni privilegio que ampare la desobediencia vial.