Semáforo financiero: prudencia y orgullo en la provincia de Alicante

La radiografía que ofrece la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) no es un epitafio ni un brindis; es un mapa operativo para quienes gobiernan con la cartera de los ciudadanos. La provincia de Alicante aparece, según el Observatorio, con un panorama financiero estable y sin riesgos estructurales graves. Hecho incontestable. Hecho reconfortante. Una base desde la que planificar el futuro con responsabilidad.

Pero la seguridad no es sinónimo de inacción. El informe señala retos concretos: cumplimiento de la regla de gasto y déficits puntuales en ciudades como Alicante, Elche y Torrevieja; niveles de deuda per cápita preocupantes en Benidorm, Alcoy y Orihuela. No son catástrofes; son advertencias. Y una advertencia bien atendida es, a largo plazo, la mejor forma de proteger el interés público.

Alicante cierra 2024 con un superávit de 26 millones y una deuda por habitante muy reducida (95 euros). Cumple objetivos de estabilidad, aunque la dependencia de transferencias estatales —77% de sus ingresos— obliga a afinar la política fiscal local para evitar vulnerabilidades futuras. Los servicios básicos consumen 74% del gasto ejecutado: prioridad legítima, pero que exige disciplina en el gasto computable.

Elche muestra, por su parte, un déficit puntual de 7,6 millones que le impide cumplir en el objetivo de estabilidad, pero mantiene una deuda total baja (25 millones; 102 euros por habitante) y una estructura financiera sana. La contabilidad habla de solvencia estructural; la responsabilidad exige corregir el bache sin perder de vista la eficiencia que demuestra su periodo medio de pago, 27 días.

Benidorm ejemplifica la doble cara de la gestión municipal: superávit de 21,6 millones y, al mismo tiempo, la mayor deuda per cápita de la provincia (780 euros por habitante). La explicación está en la realidad estacional del municipio: una demanda de servicios que supera con creces a la población censada. Solvencia operativa y endeudamiento considerable: combinación que reclama vigilancia y planificación a la hora de acometer inversiones y garantizar servicios.

Alcoy y Orihuela emergen como municipios con deuda elevada por habitante —565 euros y 535 euros respectivamente—; Alcoy presenta además un déficit de 4,1 millones, mientras Orihuela declara un superávit de 6,5 millones. Torrevieja, en cambio, registra un déficit relevante de 13,8 millones pero mantiene una deuda muy baja (48 euros por habitante) y un periodo medio de pago extraordinariamente ágil. Datos que no se contradicen: muestran perfiles diferentes que requieren soluciones distintas.

Dénia y otras localidades reflejan que la gestión serena y la prudencia presupuestaria dan resultados: superávit, cumplimiento fiscal y deuda moderada. En conjunto, la provincia está “muy lejos de las situaciones críticas” que afectan a otros municipios del país, según la AIReF. Ese es un mérito colectivo del que deben sentirse responsables quienes administran y vigilantes quienes fiscalizan.

Con datos en la mano, la lección es clara: mantener la solvencia exige disciplina en el gasto, diversificar fuentes de ingreso donde sea posible y gestionar el endeudamiento con prudencia, atendiendo a la singularidad de cada municipio. No se trata de demagogia ni de alarmismo: se trata de eficacia administrativa y de defensa del interés general. La provincia de Alicante dispone de una base financiera sólida; corresponde a sus gobernantes convertirla en garantía de bienestar y planificación estratégica para los años venideros.