Secreto, dinero y preguntas: el Plus Ultra que aún no despega ante la Justicia

El juez José Luis Calama ha prorrogado un mes más el secreto de sumario en el llamado caso Plus Ultra. No es un detalle procesal menor: es la cortina que mantiene la instrucción en la penumbra mientras la investigación, por lo que se sabe, rastrea el destino de 53 millones de euros concedidos por el Gobierno en 2021 a la aerolínea tras la pandemia.

La investigación apunta, según consta, a un supuesto blanqueo de capitales. En el epicentro aparece el empresario Julio Martínez Martínez, imputado y descrito en las diligencias como quien actuó como “conseguidor” y canalizó cobros de la compañía a través de una consultora —Análisis Relevante— que, a su vez, pagó por consultoría al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Esos pagos, siempre según la causa, se cifran en importes próximos entre 2020 y 2025 por alrededor de 460.000 euros abonados por Plus Ultra a la consultora, que a su vez abonó cantidades similares al expresidente.

No es menor el recorrido de la instrucción. La causa recaló este mes en la Audiencia Nacional después de permanecer meses en secreto en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, donde la magistrada Esperanza Collazos acordó el 11 de diciembre las detenciones de cuatro personas: el presidente de la aerolínea, su consejero delegado, el empresario Julio Martínez Martínez y un abogado madrileño. Esa fase inicial, con arrestos, fue la que abrió la causa a conocimiento público, si bien el sumario ha seguido bajo secreto.

La Fiscalía Anticorrupción venía investigando en la sombra y la UDEF de la Policía figura como unidad que dirige las pesquisas. Sus hallazgos, según la información conocida, incluyen facturas del exlíder del PSOE encontradas en el despacho de Martínez Martínez y elementos que describen la actuación del empresario como gestor de intereses de Plus Ultra en Venezuela: desde vuelos de repatriación hasta el aplazamiento de una deuda con la petrolera estatal PDVSA, según fuentes de la compañía.

El alcance internacional es otra arista relevante y palpable en la exposición instructora: autoridades de Francia y Suiza advirtieron a Anticorrupción sobre la posibilidad de que el rescate español hubiera servido para nutrir un entramado de lavado de dinero procedente de Venezuela. Esa advertencia explica en parte por qué la causa ha terminado en la Audiencia Nacional, órgano competente para investigar tramas con ramificaciones transfronterizas o macro causas de corrupción.

Frente a esas diligencias y hallazgos, José Luis Rodríguez Zapatero ha comparecido para aclarar su relación contractual con Análisis Relevante y ha defendido, en el Senado y en entrevistas, que su trabajo fue legal y que no intercedió para que el rescate llegara a la aerolínea; en una entrevista en Onda Cero aseguró además que no conocía otros clientes de la consultora.

La prórroga del secreto hasta abril no aporta certezas al ciudadano: prolonga la espera y la inquietud. Mantener la instrucción oculta puede responder a razones técnicas legítimas —protección de pesquisas, prevención de entorpecimientos, coordinación internacional—, pero también alimenta la percepción de opacidad cuando están en juego fondos públicos, ministros, ex presidentes y advertencias de autoridades extranjeras.

Así las cosas, la Justicia actúa y las piezas se van colocando en el tablero con sigilo. Corresponde, sin embargo, recordar lo elemental: la investigación debe esclarecer los hechos con celeridad y transparencia dentro de los límites procesales; la sociedad exige que, si se confirman irregularidades, no queden impunes; y si no las hay, que la limpieza de nombres sea igual de contundente. Mientras tanto, el secreto de sumario se prolonga y las preguntas, por ahora, ganan terreno a las respuestas.