Se congelan cuentas y se apuntan responsabilidades: el caso Plus Ultra y la sombra sobre Análisis Relevante

La maquinaria judicial se ha puesto en marcha con contundencia en el expediente Plus Ultra: la Audiencia Nacional ha ordenado el bloqueo de las cuentas de varias sociedades investigadas, entre ellas Análisis Relevante, la consultora cuyo administrador figura como Julio Martínez Martínez.

No son especulaciones: fuentes de la investigación confirman que se ha congelado, además, otra sociedad de Martínez dedicada a la compra y explotación de terrenos y una vivienda en Almería vinculada, según la investigación, a empresarios venezolanos.

Análisis Relevante ha concentrado la atención pública por un motivo incontrovertible y sobrio: la consultora recibió pagos de la aerolínea y, a su vez, abonó labores de asesoría al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que, según la información disponible, cobró alrededor de 460.000 euros a lo largo de cinco años. El propio Zapatero ha declarado que todos sus trabajos fueron legales y que desconocía los pormenores de la relación laboral entre la consultora y Plus Ultra.

Las medidas cautelares no se han limitado a una única entidad. La Audiencia ha ordenado el embargo de las cuentas de Análisis Relevante, sociedad que en 2023 declaraba un patrimonio neto de 74.952 euros, y también las de Agropecuaria Lucena, empresa con capital social declarado de 2.312.200 euros y cuya actividad, según el registro, incluye el cultivo de frutos oleaginosos.

La investigación apunta transferencias que relacionan a Agropecuaria Lucena con empresarios venezolanos, y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) llegó a registrar una vivienda en el Paseo de Almería cuando el caso cristalizó por presunto blanqueo a finales del año pasado.

Esa vivienda, inscrita a nombre de la sociedad Corpoestructura y valorada registralmente en 5.683.993 euros con una hipoteca de 3.824.000 euros, sufrió un embargo preventivo y la prohibición de venta acordados por la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid antes de que el sumario pasara a la Audiencia Nacional.

Los movimientos societarios consignados en el registro añaden trazas precisas: Corpoestructura fue constituida en julio de 2018 por Bitácora Servicios Profesionales SL y, en septiembre de aquel año, entraron en su administración el consejero delegado de Plus Ultra, Roberto Roselli, y un ejecutivo venezolano, Rodolfo Reyes. Posteriormente cesaron el 27 de febrero de 2025, y la sociedad incorporó a otro consejero vinculado al entorno empresarial latinoamericano.

El juez instructor de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, no se limita a las diligencias patrimoniales: ha pedido testimonio al juzgado de instrucción número 15 para que detalle qué fue exactamente lo investigado en la causa que se archivó en 2023 por un defecto de forma. Además, Calama ha ampliado un mes más el secreto de la investigación.

A más de tres meses de las detenciones ejecutadas por la UDEF —entre ellas las de directivos de Plus Ultra y de empresarios vinculados— siguen pendientes muchas incógnitas: el número preciso de investigados, el alcance de las responsabilidades y, sobre todo, el contenido completo de las diligencias que ahora están bajo secreto judicial.

Los hechos, por ahora, están allí: sociedades con cuentas bloqueadas, pagos entre la aerolínea y una consultora que abonó asesorías a un expresidente, un inmueble embargado de alto valor registral y relaciones societarias que conectan con empresarios venezolanos. La instrucción avanzará y el juez ha seguido el cauce formal para desentrañar esos hechos; corresponde a la Justicia esclarecer responsabilidades con rapidez y transparencia cuando finalice el secreto de actuaciones.