Se acabaron las excusas: el Senado cita por edicto al amigo de Zapatero ligado a Plus Ultra

El senado ha decidido no permitir más dilaciones. Con la firmeza de quien aplica la ley contra los pretextos, la Cámara Alta, donde el PP tiene mayoría absoluta, ha impuesto la fórmula del edicto para lograr la comparecencia de Julio Martínez en la comisión de investigación del llamado caso Koldo.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, hizo público lo que muchos sospechaban: el Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande‑Marlaska, traslada a la Cámara que no ha sido capaz de localizar al empresario al que se pretendía notificar. La consecuencia inmediata ha sido la suspensión de la comparecencia prevista para el 9 de marzo y la decisión popular de recurrir al edicto, mecanismo de obligado cumplimiento para cualquier ciudadano.

No es un capricho procesal: es la respuesta a una doble frustración. Según la propia portavoz, la del 9 de marzo habría sido la segunda comparecencia frustrada de "Julito" Martínez, citación anterior que también hubo de cancelarse por razones de localización. Empero, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) consiguió localizarle y procedió a su detención en una operación judicial el pasado año, si bien fue puesto en libertad posteriormente tras evitarse una posible destrucción de pruebas.

Las piezas materiales del caso emergen con crudeza: el vínculo entre Martínez y José Luis Rodríguez Zapatero, las asesorías por las que, según reconoce el propio expresidente, cobró junto a sus hijas 660.000 euros, y el rescate de Plus Ultra, exigen explicaciones públicas y documentadas. No es asunto menor que el Senado utilice sus facultades para obligar a quien está en el centro de la investigación a que explique ante la representación de la soberanía popular qué supo y qué hizo.

El edicto no es sólo un trámite; es la respuesta institucional a la percepción de impunidad cuando las notificaciones se tornan en excusas administrativas. Si la razón aduce la imposibilidad de localizar a una persona, la Cámara aplica la norma y coloca a la vista de todos la obligación de comparecer y dar cuenta.

España mira. La política no puede quedar a merced de pretextos y silencios cuando la investigación alcanza a quien fuera amigo del ex presidente y a operaciones de rescate que costaron dinero público. El Senado ha elegido la transparencia forzada por vía legal: el edicto. Queda por ver si la comparecencia aportará las respuestas que la ciudadanía y las instituciones demandan con justicia.