Sánchez pide comparecer en el Congreso por el conflicto en Oriente Próximo

La petición registrada por la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes para que Pedro Sánchez comparezca ante el Congreso refleja la tensión política que ha generado la respuesta española al conflicto en Oriente Próximo. El presidente ofrecerá información sobre la posición del Gobierno y sobre la última reunión del Consejo Europeo, pero la cita se celebrará tras las elecciones autonómicas en Castilla y León del 15 de marzo, por la parada de la actividad parlamentaria.

El calendario añade una nota de urgencia política: la Mesa del Congreso deberá fijar la fecha de la comparecencia especial en virtud del artículo 203 del Reglamento de la Cámara, que regula la presencia de miembros del Gobierno ante el Pleno o las Comisiones. Hasta entonces, el debate público y parlamentario queda pendiente cuando, según el PP, es precisamente el Congreso quien debe autorizar y controlar cualquier participación militar.

Los populares han intensificado su reclamación. Además de solicitar la intervención de Sánchez, han pedido la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y exigen que la participación de España en estas operaciones se someta a la consideración de las Cortes. El PP alerta de que una fragata —que sus fuentes describen como "el buque de guerra más avanzado de la Armada"— está siendo enviada a la zona para apoyar la protección de Chipre y advierten del riesgo para la tripulación si se despliega sin autorización parlamentaria.

La controversia no es solo interna: la posición de España, resumida por el Gobierno con el lema histórico del "No a la Guerra", ha provocado reacciones internacionales. Según el relato informativo, esa postura, y medidas como la negativa a prestar bases para aviones estadounidenses, han suscitado críticas y respuestas iracundas del presidente de Estados Unidos, que ha llegado a calificar al Gobierno español en términos duros y a amenazar con medidas comerciales.

En el plano doméstico, la decisión del Ejecutivo ha generado adhesiones entre los socios de la coalición y un rechazo contundente del PP y de Vox. El PP ha querido subrayar además un dato comparativo: desde 2006 los gobiernos de Zapatero y Rajoy solicitaron numerosas autorizaciones al Congreso para operaciones exteriores, mientras que, según su recuento, la última petición bajo Sánchez data de 2018.

Con el conflicto abierto y las decisiones militares en fase incipiente, el choque entre el Ejecutivo y la oposición se dirime ahora también en torno al control parlamentario de las Fuerzas Armadas y a la transparencia sobre los envíos de medios y personal. La convocatoria de Sánchez al Congreso servirá, en cualquier caso, para medir si la gestión gubernamental obtiene o no el refrendo y la explicación pública que reclama el principal partido de la oposición.