Sánchez, entre sumarios y réplicas: ¿hasta cuándo aguantarán los españoles este pulso?

El hemiciclo se calienta y la afrenta verbal se convierte en banderín de batalla. Feijóo, con voz afilada, dibuja un paisaje devastado: "12 sumarios, 17 delitos y casi un centenar de imputados"; acusa al presidente de haber recurrido "a la delincuencia de Estado" y pronuncia la imagen que prende la jornada: "Usted pasará a la historia por su gestapillo y por ser su inductor y financiador". No es un reproche menor: es una sentencia lanzada desde la tribuna que pretende dejar sin respiración al Ejecutivo.

Sánchez responde sin rendirse a la estridencia. Asume "errores", pero blande la historia del PP como espejo y como respuesta: recuerda los casos que han asolado a los populares y sentencia con rotundidad: "Lecciones ninguna". Y apunta a la legitimidad electoral: "En 2023 ya hablaron los españoles y abrieron una legislatura de cuatro años". Es la defensa elemental del mandato: no habrá adelanto porque, según él, la soberanía ya se ejerció.

En ese careo de acusaciones cruzadas aparecen imágenes destinadas a escorar la percepción pública: Feijóo evoca financiaciones con "dinero de la prostitución", orgías pagadas con fondos públicos y una trama cuya cúspide, dice, sería Zapatero; y plantea la dicotomía letal para un gobernante: "si lo sabía todo tendrá que dimitir por corrupción y si no lo sabía, por incompetencia". Es una interrogación que aspira a convertir la duda en condena.

Sánchez replica con ironía y con terapia de desgaste: sitúa al PP como paladín del cinismo y proclama que su sede en la calle Ferraz "no está pagada con dinero negro". Remacha una afirmación política de fondo: este Gobierno seguirá hasta 2027 "y mucho más allá si quieren los españoles". No es solo una defensa táctica; es una proclama de continuidad frente al acoso político.

La sesión no se reduce al dúo nacional; otras fuerzas suben el volumen. Junts interroga por Cataluña y Sánchez, lacónico, responde: "La veo bien". Luego desgrana sus cartas: ley de amnistía, reconocimiento del catalán, entregas a cuenta y propuestas sobre deuda y financiación autonómica. Es el intento de convertir reproche en agenda, de transformar el rifirrafe en política concreta.

La escena parlamentaria resulta reveladora: una oposición que martilla con sumarios y un Gobierno que apela a la legitimidad electoral y rebate con la historia ajena. No se trata solo de una pelea retórica: es la puesta en escena de dos estrategias irreconciliables. ¿Quién convence al ciudadano harto de escándalos y cansado de discursos? Esa es la pregunta que, por ahora, nadie responde con hechos nuevos: los tribunales siguen su curso y la cita con las urnas, según el Ejecutivo, está fijada por la decisión de 2023.

Queda, finalmente, la sensación de que el Parlamento sigue siendo campo de combate simbólico, donde la acusación más grave—la de «gestapillo»—y la defensa más rotunda—la invocación del voto ya emitido—se contraponen sin que, de momento, ninguna de las dos posiciones logre imponerse sobre la otra. El ciudadano observa y la política, como siempre, promete explicaciones que a veces solo llegan en la hoja de sumarios y en la carrera de los procesos judiciales.