Salvar el Tratado a golpe de letra: la enmienda administrativa que evita la ruptura

El Gobierno ha cerrado con Francia un acuerdo que cambia el modo —no el fondo— de la prevista participación recíproca de miembros de Gobierno: la invitación contemplada en el artículo 2.4 del Tratado de Amistad será, según el entendimiento alcanzado, para una reunión ad hoc y no para el Consejo de Ministros en pleno.

Es un gesto de ingeniería diplomática: una interpretación administrativa plasmada en un intercambio de cartas entre los ministros de Exteriores el 6 y el 10 de abril que hasta ahora ha servido para que el Consejo de Ministros remitiera el Tratado a las Cortes para su tramitación urgente. El objetivo declarado es solventar el escollo que llevó al Congreso a tumbar el Tratado el pasado 14 de mayo.

No se trata de una mera pulcritud semántica. El artículo 2.4, que disponía la invitación “al Consejo de Ministros de la otra parte, al menos una vez cada tres meses y por rotación”, fue la pieza en la que se aferró el Partido Popular para impulsar un recurso previo de inconstitucionalidad en el Senado y para articular su rechazo en el Congreso, con el apoyo de Vox y las abstenciones de Junts y Podemos. El Tribunal Constitucional, por su parte, se inhibió en diciembre.

Las fuentes diplomáticas consultadas subrayan que la reunión ad hoc es simbólica y destinada a ilustrar la calidad y el nivel de ambición de la relación bilateral, y apuntan además que disposiciones similares existen en los tratados de Francia con Alemania e Italia. Se insiste, asimismo, en que la participación del ministro invitado no entraña toma de decisiones y no menoscaba la soberanía de ninguno de los dos Estados.

Ahora queda por ver si esta solución administrativa satisface las reservas del PP y evita nuevos obstáculos parlamentarios. El texto, pendiente de ser admitido por la Mesa del Congreso —operación que se espera para este martes según la información—, abrirá el plazo de enmiendas. Al tramitarse por urgencia, los plazos se reducirán a la mitad, y la misma aceleración se aplicará en el Senado.

Es, en suma, una maniobra de precisión técnica para recuperar una alianza bilateral sin reabrir un choque político que ya provocó la caída del Tratado. El reloj parlamentario se pone en marcha; la respuesta política —si aceptan el ajuste o lo consideran insuficiente— determinará si la palabra es suficiente o si la confrontación retorna a la primera línea del debate público.