Salud pública y responsabilidad: el Estado tiene instrumentos, pero pide consentimiento

El Ejecutivo ha puesto sobre la mesa una realidad ineludible: frente a un riesgo sanitario colectivo, el Estado cuenta con «instrumentos necesarios» para imponer cuarentenas. Mónica García lo recordó sin ambages, tras las declaraciones de la ministra de Defensa sobre la posible estancia en el Gómez Ulla, y lo dijo apelando a un término que hoy debe pesar más que nunca: el sentido común.

No es una pose retórica. La ministra explicó que la Administración recogerá el consentimiento de los afectados para las evaluaciones y las cuarentenas, y que la valoración se hará día a día junto con expertos internacionales. Esa voluntad de combinar la técnica con la apelación a la responsabilidad individual define por ahora la hoja de ruta: evaluación a bordo del buque, repatriación por mecanismos europeos si el estado clínico lo permite y traslado de los españoles al Gómez Ulla en avión militar cuando proceda.

Pero la letra del Estado de derecho también sigue presente. García citó expresamente la Ley Orgánica 3/1986, la herramienta usada en la pandemia del covid-19, y recordó que existen vías legales para proteger la salud pública si la apelación voluntaria no cuaja. Es relevante subrayar, con toda claridad, que para pacientes asintomáticos la imposición de cuarentenas choca con derechos fundamentales y exige el refrendo judicial del contencioso-administrativo para revestir legalidad.

En lo operativo, el Ejecutivo ha desplegado un operativo concreto: evacuación de personas con síntomas, traslado sanitario y organización de vuelos de retorno. La ministra describió cómo un avión que estuvo en Gran Canaria salió posteriormente sin pacientes, sólo con tripulación, rumbo a Róterdam tras repostar en Valencia. Asimismo, Sanidad Exterior y el ECDC trabajan para determinar el «día cero» de la posible cadena epidemiológica, con la incógnita de si el inicio debe contarse desde Cabo Verde o desde la aparición de sintomáticos, teniendo en cuenta una incubación que puede alcanzar, según su evaluación, 45 días.

Hay además un elemento esencial de trazabilidad: las 23 personas que se desembarcaron antes de llegar a Cabo Verde forman parte de la evaluación internacional y se va a aplicar rastreo epidemiológico a quienes, como el ciudadano navarro mencionado, descendieron del barco semanas atrás.

Todo ello se hará en un contexto de coordinación territorial: la ministra anunció reuniones con autoridades canarias y con el ministro de Política Territorial para preparar la llegada prevista al puerto de Granadilla. García evitó la confrontación política en público; y eso es oportuno: cuando la salud pública está en juego, la política partidista debe ceder espacio a la eficacia y al rigor técnico.

Queda una tensión manifiesta, que no conviene difuminar: la combinación entre la apelación al consentimiento y la explicitación de instrumentos coercitivos legales —con las limitaciones que impone la protección de derechos— obliga a un ejercicio mínimo de transparencia y de simple pedagogía. Informar, evaluar y actuar con la firmeza que exigen los hechos: ese es el mandato que la situación reclama y que el Gobierno ha anunciado que pretende cumplir.