Reuniones en la Fiscalí­a: preguntas sin respuesta y sombras de procedimiento

La Fiscalía General del Estado ha reconocido lo que el expediente y las conversaciones telefónicas que constan en la UCO venían sugiriendo: entre marzo y abril de 2025, dos fiscales vinculados a la Secretaría Técnica —Diego Villafañe y Beatriz López Pesquera— se entrevistaron con el abogado Jacobo Teijelo y con la entonces militante socialista Leire Díez.

En el primer encuentro, según la propia Fiscalía, Teijelo expuso “una serie de hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal”. Unas semanas después, volvió a presentarse e informó de su intención de formular denuncias ante el ministerio público; sin embargo, no consta que tales denuncias fueran finalmente registradas por él en la Secretaría Técnica en 2025 o 2026.

Todo ello fue comunicado al fiscal general de entonces “a posteriori”, según el portavoz del órgano fiscal. Es un detalle que no puede pasarse por alto: la información circuló, las citas se llevaron a cabo, pero la cadena de decisiones internas quedó reducida a un informe y a un archivo tácito de la iniciativa.

La Fiscalía subraya que ni Villafañe ni López Pesquera recibieron “indicación alguna” de Álvaro García Ortiz —entonces imputado por revelación de secretos y posteriormente inhabilitado— para actuar en uno u otro sentido. Y añade algo también concluyente: los fiscales entendieron que las alegaciones del letrado carecían “de cualquier tipo de sustento probatorio concreto”, por lo que no prosperaron diligencias.

Las grabaciones y mensajes recabados por la UCO alimentaron la curiosidad del juez Santiago Pedraz. En una de esas conversaciones, fechada el 18 de febrero de 2025, Díez comenta a otro imputado que “Te va a recibir el FGE”. Y un mensaje del 8 de abril alude explícitamente a una visita: “El jueves estuve en FGE, cuando puedas hablamos”. Las fechas coinciden con los encuentros descritos por la Fiscalía: el primero el 6 de marzo y el segundo a finales de marzo o principios de abril de 2025.

Hay más documentación: no aparece constancia de denuncias presentadas por Teijelo en los registros de la Secretaría Técnica en 2025 o 2026. Sí figura una denuncia presentada por Leire Díez el 17 de septiembre de 2025 contra una persona identificada por el ministerio público con las iniciales J. G. G., que la información liga a José Grinda González. Esa denuncia fue remitida a la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid y archivada el 15 de diciembre de 2026 por carecer de indicios suficientes.

El juez Pedraz también preguntó por escritos o denuncias remitidos entre enero y junio de 2025 por Koldo García, asesor de José Luis Ábalos. La Fiscalía confirma la recepción de cinco escritos/denuncias en ese periodo, todos ellos archivados posteriormente por la Secretaría Técnica, Anticorrupción o la Fiscalía Provincial de Madrid.

Hechos, fechas y archivos: la narración que ofrece la Fiscalía es limpia en su contabilidad pero deja abiertas preguntas políticas e institucionales. Que no prosperaran actuaciones por falta de sustento probatorio es un dato incontestable; que tales encuentros se produjeran y que circularan mensajes en los que se alude a “ser recibido por el FGE” obliga a no conformarse con la simple constatación documental. La sociedad reclama claridad y la institución debe explicarse con la misma contundencia con que ahora detalla cronologías y archivos.