Responsabilidades rotas: Costas, la pasarela y la justicia que exige respuestas

La tragedia de El Bocal no admite eufemismos: seis jóvenes perdieron la vida y la investigación judicial ha marcado un nombre propio en el tablero de responsabilidades. La jueza que instruye el caso estima que la Demarcación de Costas en Cantabria, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, es "la única responsable" de garantizar la conservación y el mantenimiento de la pasarela que se rompió el 3 de marzo. Ante ese diagnóstico, ha acordado dirigir acción penal contra dos funcionarios de Costas: el jefe de servicio de proyectos y obras, y el director de Obras del proyecto de la senda costera de 2012.

No se trata de retórica: el auto judicial parte de documentos y del contraste de actuaciones administrativas. Las obras de la senda peatonal, iniciadas en 2012, se paralizaron cuando Costas resolvió el contrato con la empresa adjudicataria por "desistimiento"; un segundo proyecto de finalización de 2016 ni siquiera llegó a aprobarse. Y, dado que las obras no finalizaron, no fueron recepcionadas por el Ayuntamiento de Santander, por lo que, según la jueza, correspondía a Costas velar por su adecuada conservación mientras la pasarela permanecía abierta al público desde 2014 "sin ningún tipo de restricción".

La investigación añade datos inquietantes: la Policía científica concluyó que "todos los elementos de la estructura se encuentran completamente oxidados". El único mantenimiento documentado, una intervención en mayo de 2024, actuó sobre la madera de la pasarela; no abordó, según los informes, los elementos metálicos corroídos. Por ello la magistrada habla de "serios indicios de la existencia de un posible actuar negligente" en el mantenimiento durante el verano de 2024 y decide ampliar el objeto del informe pericial para que aclare también si la reparación de 2024 fue suficiente.

El Ayuntamiento de Santander, por su parte, no se exime de responsabilidad en materia de seguridad: la alcaldesa Gema Igual ha recordado que el Consistorio actuó bajo la interpretación de que la obra no estaba finalizada y que su compromiso municipal de mantenimiento quedaba condicionado a esa finalización. Asimismo, reconoció que no se precintó la pasarela pese a haberse recibido avisos sobre su mal estado; subrayó, en cambio, que la potestad municipal se limita a acotar, señalizar o precintar cuando detecta un riesgo, y anunció que pedirá a la Policía Judicial que recabe material probatorio sobre el estado visible de la pasarela en los días o semanas previos al siniestro.

La jueza ha atendido además la documentación tanto de la Administración central como del Ayuntamiento y ha citado a declarar a testigos: ciclistas que avisaron del accidente, un vecino que llamó al 112 un día antes, la operadora que recibió esa llamada, los agentes que inspeccionaron la zona antes del accidente y una vecina que se había quejado del estado de la pasarela. La citación de estos testimonios demuestra que la instrucción avanza con la vista puesta en reconstruir, paso a paso, qué señales eran perceptibles y si el riesgo de colapso podía advertirse de manera objetiva.

Mientras tanto, la sociedad no espera: medio millar de personas se manifestaron en Santander reclamando que se asuman responsabilidades. La medida judicial de imputar a dos funcionarios no es un gesto simbólico; es la apertura de una vía penal para aclarar si hubo omisiones en el deber de conservación que costaron vidas. La ampliación del informe pericial y la recopilación de pruebas prometen arrojar luz técnica sobre lo ocurrido. Y la pregunta que late, inevitable y exigente, es si las administraciones implicadas actuaron con la diligencia que la seguridad pública demanda.

La política pública del litoral, su supervisión administrativa y la coordinación entre órganos competentes quedan urgidas de respuestas. Que la Fiscalía y los peritos aporten cuanto antes claridad técnica es un imperativo para honrar la memoria de las víctimas y para que la gestión del espacio público no se siga sustentando en responsabilidaddes difusas. La ley, la técnica y la ética administrativa reclaman lo que la jueza ha empezado a ordenar: investigar, dilucidar y responder ante la ciudadanía.