Responsabilidades quebradas: la pasarela que mató a seis jóvenes exige respuestas

La tragedia de El Bocal no admite eufemismos: una pasarela que se rompió el 3 de marzo segó la vida de seis jóvenes y dejó a otro ingresado. Frente a ese hecho irremediable, la juez instructora ha trazado con nitidez la frontera de las responsabilidades: es la Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, "la única responsable" de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento de la estructura que colapsó.

No es una opinión retórica: es el razonamiento plasmado en un auto fechado el 24 de marzo. La magistrada no sólo declara a Costas posible responsable civil del suceso, sino que acuerda dirigir acción penal contra dos funcionarios del organismo: el jefe de servicio de proyectos y obras de la Demarcación y el director de Obras del proyecto original de 2012, que era el jefe de ese departamento. Hechos, nombres y cargos que obligan a mirar de frente la cadena de decisiones y omisiones.

La investigación subraya además un dato inquietante: las obras de la senda costera "en modo alguna han finalizado". El primer proyecto de 2012 se paralizó por resolución del contrato; el segundo proyecto de finalización de 2016 ni siquiera llegó a aprobarse. Esa falta de finalización dejó las obras sin recepción municipal y, por ende, bajo la tutela de Costas. Desde 2014 la pasarela permaneció abierta al público sin restricciones. Esa es la geografía fáctica sobre la que la juez construye la imputación.

La reparación realizada por Costas en verano de 2024 es otro punto que pesa. Según la magistrada, aquella intervención "se limitó a la estructura de la madera", pese a que el informe de la Policía Científica constató que "todos los elementos metálicos estaban completamente oxidados". La jueza considera que tal actuación "ha podido resultar insuficiente" y ordena ampliar el informe pericial para determinar si esa actuación fue realmente adecuada. No son conjeturas: son pruebas que exigen aclaración técnica.

Pero la responsabilidad no es exclusiva de un esquema administrativo: el Ayuntamiento de Santander "ostenta la potestad de policía administrativa en materia de seguridad en espacios accesibles al público". Si detecta un riesgo, debe acotar, señalizar o precintar, incluso cuando la infraestructura corresponda a otra administración, más aún cuando la zona se promovía en rutas turísticas o senderos. La juez ordena aclarar si el deterioro era visible y perceptible antes del siniestro y cita a testigos que alertaron sobre el estado de la pasarela días antes.

La instrucción incluye actuaciones concretas: petición de fotografías y testimonios sobre el estado previo, declaración de quien alertó al 112 un día antes, la operadora que atendió esa llamada, policía local y testigos que fueron de los primeros en encontrar la pasarela rota. También está prevista la declaración de una vecina de la Asamblea en Defensa de la Senda y Costa Norte que trasladó quejas. Son piezas que pueden completar el puzzle y determinar dónde estuvo la negligencia.

Este auto obliga a muchos a responder con claridad y no con eufemismos institucionales. Cuando una infraestructura abierta al público se degrada y falla, el país exige —y las familias de las víctimas merecen— saber qué falló, quién tenía la obligación efectiva de mantenerla y por qué las advertencias, si existieron, no impidieron la tragedia. La causa judicial va por ese camino: comprobar si hubo negligencia, depurar responsabilidades y, sobre todo, extraer lecciones para que esta calamidad no se repita.