Rescatar leyes o rescatar la verdad: el Gobierno frente a los pseudomedios

La suspensión cautelar e indefinida de acreditaciones en el Congreso fue la chispa, pero no el incendio: el Gobierno ha desempolvado un plan de mayor calado para afrontar lo que denomina la plaga de los pseudomedios. No hablamos de ocurrencias, sino de seis proyectos de ley —en distintas fases parlamentarias— que pretenden fortalecer la transparencia, la pluralidad y la independencia del ecosistema informativo.

Es una respuesta de Estado frente a una cuestión pública: actualizar normas de 1982 y 1984, adaptar la regulación al entorno digital y crear instrumentos que hagan visible quién posee, quién financia y quién se beneficia de la información que llega a los ciudadanos. El presidente lo anunció el año pasado dentro del paquete de regeneración democrática; el plan llegó al Consejo de Ministros en septiembre y contenía 31 medidas que afectan a los poderes ejecutivo, legislativo y mediático.

Pero los papeles y las voluntades se topan con la realidad parlamentaria. El Ejecutivo busca pactos en un tablero donde las mayorías se han fragmentado: Junts es el objetivo de conversaciones bilaterales para lograr apoyos, porque PP y Vox han dejado claro que no prestarán su respaldo. Es decir, la tramitación de estas normas no solo es técnica: es un desafío político que exige consensos difíciles.

Las seis leyes que se pretenden recuperar tienen objetivos concretos y medibles. La nueva ley del derecho de rectificación actualiza la obsoleta norma de 1984 y obliga a medios digitales e 'influencers' de relevancia a habilitar mecanismos accesibles para corregir informaciones falsas o inexactas. La ley de protección del derecho al honor, que relevaría la de 1982, incorpora novedades puntuales como la consideración ilícita del uso no autorizado de imagen o voz generada o manipulada mediante inteligencia artificial.

También se incluyen dos leyes anti‑SLAPP —para frenar demandas judiciales abusivas contra la participación pública y la labor periodística— con mecanismos de desestimación temprana, legitimación de asociaciones en defensa del demandado y reforzamiento del régimen de costas y sanciones. Otra norma, la de gobernanza democrática de servicios digitales y medios, pretende adaptar España al Reglamento Europeo de Libertad de Medios creando un registro público gestionado por la CNMC sobre propiedad, vías de financiación y publicidad institucional.

La ley de publicidad del sector público actualiza la regulación de 2006 e impone límites a la presencia de publicidad institucional en un mismo medio, la exigencia de sistemas fiables de medición de audiencias y la supervisión de la CNMC en la asignación de publicidad. Finalmente, la ley del derecho al secreto profesional, también en primera vuelta, completa el paquete jurídico que el Gobierno aspira a rescatar antes de que termine la legislatura.

Nada de esto es trivial: se juega la transparencia del cuarto poder y la protección del derecho a la información frente a la manipulación. Pero también se juega el terreno político: lograr que estas normas prosperen exige diálogos incómodos, cesiones y, sobre todo, la voluntad de confluir en normas que no sean meras banderas sino herramientas efectivas. Si el Ejecutivo busca blindar la verdad, necesitará algo más que decretos y anuncios: tendrá que construir mayorías capaces de preservar el interés general por encima del rédito inmediato.

Queda por ver si la política española está a la altura de la tarea. Porque modernizar las reglas del juego informativo no es una ocurrencia técnica: es un deber con la democracia. Y las democracias fuertes no temen someter a escrutinio quién informa, cómo se financia y qué intereses se esconden tras la pantalla. Esa es la batalla que, en estos meses, se dirimirá en los despachos y en los escaños.