Regularizar no es regalar: la soberanía frente al alarmismo europeo

El Gobierno ha puesto sobre la mesa una decisión de calado y lo ha hecho con la rotundidad que exige la cuestión: la regularización extraordinaria prevista en España dará derecho a un permiso de residencia y trabajo, pero ese permiso será exactamente eso —nacional y limitado—, no un cheque en blanco para moverse por toda la Unión Europea.

No es retórica: son las palabras del comisario de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, las que han puesto el marco doctrinal europeo sobre la mesa. Brunner ha recordado a este diario un principio aplicable en el seno de la UE: un permiso de residencia nacional autoriza a vivir y trabajar en el Estado que lo expidió. Si esa persona es encontrada en situación irregular en otro país de la UE, deberá regresar al Estado emisor. Punto.

El Ejecutivo español, por su parte, reprime así fantasmas y temores en Bruselas: la ministra Elma Saiz ha subrayado que la regularización "dará derecho a un permiso de trabajo en España" y que ello repercute sobre la decisión de trabajar en nuestro país, no en otro. No se trata de minimizar el debate; se trata de fijar límites claros, de preservar la soberanía normativa y de cumplir la legalidad comunitaria que regula estos permisos.

Los detalles técnicos anunciados por el Gobierno no son menores ni gratuitos. La medida, cuya tramitación urgente se anunció en enero y cuyo calendario preveía inicio a principios de abril y finalización el 30 de junio, aún no ha recibido la aprobación del Consejo de Ministros y la propuesta está siendo revisada por el Consejo de Estado. El permiso tendrá una vigencia inicial de un año y permitirá trabajar provisionalmente "en cualquier sector y lugar de España" —solo en España— a quienes accedan a la tramitación.

También están fijadas las condiciones de acceso: la regularización se dirige a extranjeros que acrediten llevar al menos cinco meses en España antes del 31 de diciembre de 2025; se incluyen quienes solicitaron protección internacional antes de esa fecha; y un requisito imprescindible es la ausencia de antecedentes penales. Son condicionantes que matizan la medida, que la sujetan a controles y que buscan desactivar la etiqueta fácil de "efecto llamada".

Este movimiento español se produce en un momento en que la Unión Europea ha endurecido su posición sobre migración: a finales del año pasado los Estados miembros llegaron a un acuerdo sobre el Reglamento de Retorno, destinado a acelerar y simplificar la vuelta de personas en situación irregular y a crear mecanismos como centros fuera de la UE para gestionar devoluciones. No es extraño, por tanto, que gobiernos y responsables de otros países, como la ministra finlandesa Mari Rantanen, hayan expresado su rechazo a la regularización masiva emprendida por España.

Ante ese clima, el Ejecutivo ha optado por la claridad y por recordar que las competencias son soberanas: regularizar en España implica una autorización nacional que exige permanecer en España para hacerla efectiva. Es una respuesta legal, administrativa y política frente al alarmismo —y una reclamación de orden— en un debate que exige precisión y responsabilidad.