Regularizar a granel: el Gobierno contra la ley y el sentido común

Si el Ejecutivo considera su norma legítima y conforme al Derecho Europeo, la respuesta responsable pasa por facilitar información precisa y someter el texto al escrutinio que la materia merece. Si, por el contrario, subsisten dudas sobre su encaje legal y su efecto social, la vía del diálogo parlamentario y la moderación en la aplicación serían el camino para evitar la polarización. Hoy, la palabra la tienen los tribunales, las instituciones europeas y, antes que nada, la evidencia pública que el Gobierno aún no ha aportado con claridad.