Regularización masiva: fervor político y colas en Cataluña mientras crece la tensión

La imagen es incontestable y la rémora política, también: largas colas a la puerta de las Oficinas de Atención a la Ciudadanía en Barcelona, activación masiva de oficinas en Aragón y la Comunidad Valenciana y, en el papel, una condición clara: acreditar estancia en España antes del 1 de enero de 2026.

Son hechos. En las primeras 24 horas el Ministerio de Inclusión recibió 13.500 solicitudes telemáticas y se formalizaron 19.633 citas previas para trámites presenciales. Hechos que muestran una demanda que desborda recursos y horarios, y que ha llevado a multiplicar trabajadores en oficinas y consulados para agilizar la obtención de documentación y antecedentes penales en países como Marruecos o Pakistán.

El Gobierno lo vende como un acto de normalización. El propio presidente, Pedro Sánchez, en carta a la ciudadanía, afirmaba: “Hoy de nuevo me siento orgulloso de ser español”, defendiendo la medida como reconocimiento de personas que ya viven aquí y “cuidan a nuestros mayores”. Las fuerzas que sostienen al Ejecutivo replican esa satisfacción y, en la izquierda, voces como la de Antonio Maíllo califican la iniciativa de impacto “extraordinario” y estiman que el plazo podría quedarse “corto”: “Si son 500.000, si son un millón, pues benditos sean”, dijo en referencia al alcance del proceso.

Pero los datos administrativos y las advertencias técnicas también son hechos: desde Extranjería han llegado avisos sobre el efecto llamada; además, la regularización excluye antecedentes penales en el extranjero que no estén tipificados en España, cuestión decisiva en los expedientes. Y la gestión administrativa se enfrenta a una realidad palpable: la plantilla de Extranjería ronda los 1.800 expertos y, según fuentes sindicales, el Gobierno ha destinado 25 millones de euros para reforzar el proceso con 49 trabajadores de la UTEX y 193 refuerzos, cuando sindicatos piden que ese esfuerzo revierta en las oficinas territoriales.

La política, lejos de templar el debate con prudencia, ha encendido más la contienda. Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, acusó en redes a populares y verdes de firmar un pacto “ilegal” cuando el acuerdo en Extremadura coincidió con la entrada en vigor de la medida. Desde la órbita de la izquierda del PSOE se celebra; desde la administración y la técnica se advierte de la sobrecarga. Son hechos contrapuestos que no se deshacen con eslóganes.

Y aún hay más hechos que pesan: los sindicatos han convocado una huelga indefinida a partir del 21 de abril frente a las oficinas de Extranjería. El paro amenaza con agravar el colapso de un procedimiento masivo que ya ha provocado aglomeraciones desde primeras horas de la madrugada.

No se trata de imaginaciones ni de pronósticos: son datos, cifras y decisiones que confluyen. La regularización extraordinaria ha desencadenado una reacción política elogiosa y un desafío operativo contundente. El país necesita respuestas claras y ordenadas —eso exigen los hechos—, no sólo proclamas. Porque cuando la administración se ve desbordada, la gestión deja de ser humanitaria para convertirse en problema de Estado.