Reforma laboral de Milei: modernización para unos, despojo para otros

El Senado argentino aprobó la controvertida reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. Minutos después de la votación, Milei celebró en X la que calificó como "modernización laboral"; el Gobierno sostiene que la nueva regulación atraerá inversión y creará empleo formal.

La ley introduce cambios drásticos en la relación entre empleador y trabajador. Entre lo más polémico figura la posibilidad de ampliar la jornada diaria de 8 a 12 horas —sin pago adicional por horas extra siempre que se respete un descanso de 12 horas y no se supere el tope semanal de 48 horas— mediante la creación de un banco de horas que permitirá compensar con tiempo libre en lugar de dinero.

Se incorpora además la opción de pagar salarios en moneda extranjera o en especie (incluida habitación o alimentos) y el concepto de "salario dinámico", que otorga al empleador mayor margen para renegociar condiciones luego de firmado el contrato. El Gobierno defiende que estas fórmulas permitirán pactos laborales más flexibles, por ejemplo concentrando horas entre lunes y jueves para tener libres los viernes.

La reforma también recorta el cálculo de las indemnizaciones por despido: ya no se incluyen vacaciones, aguinaldo, premios o propinas en ese cómputo. Para cubrir los pagos por despido se crea un Fondo de Asistencia Laboral abastecido con un porcentaje de las contribuciones patronales, lo que, según la nota, significará que el Estado recibirá menos recursos del sistema de seguridad social.

Los críticos y los sindicatos advierten que estas modificaciones promueven la precarización y pueden incentivar el despido, porque abaratan el costo de cesar contratos. Expertos citados señalan que la medida no garantiza por sí sola la creación de empleo, pues la decisión de contratar depende, además, de la demanda y de la viabilidad de los negocios.

El contexto social y económico pesa sobre la reforma: Argentina enfrenta un nivel histórico de informalidad laboral, con casi la mitad de los trabajadores sin empleo registrado —lo que representa cerca de 6 millones de personas—, población que carece de cobertura de salud, licencias, indemnizaciones y aportes jubilatorios.

En paralelo, el Senado aprobó otra iniciativa del Ejecutivo: un nuevo régimen penal juvenil que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para delitos graves con violencia y muerte. El presidente dará el domingo su discurso sobre el estado de la Nación, donde se espera que mencione estas medidas que ya están en trámite de reglamentación por parte del Ejecutivo.

La reforma quedó sancionada y ahora deberá ser reglamentada por el Gobierno. Queda por ver si la promesa de "modernización" se traduce en empleo formal o si, como advierten sus detractores, abre la puerta a una nueva fase de inseguridad laboral y debilitamiento de las protecciones sociales.