Red de sombras en el CNIO: cuando la ciencia se mezcla con negocios privados

La noticia, cruda y localizada, golpea donde más duele: en la credibilidad de una institución pública de referencia contra el cáncer. Anticorrupción y la Unidad contra la Delincuencia Económica y Financiera han puesto el foco sobre un presunto desfalco de hasta 25 millones de euros que, según la denuncia, se habría perpetrado durante 17 años mediante subcontratas y prestaciones inexistentes.

En el epicentro de la pesquisa aparecen nombres de enorme proyección científica y una maraña societaria que no admite eufemismos. Mariano Barbacid, reputado científico; Juan Arroyo, exgerente del CNIO; y Zeus SL, empresa vinculada a un exdirectivo, comparten un dato objetivo y verificable: la misma sede social en la calle Don Quijote, 11, en Madrid. Allí también figuran firmas propiedad de Barbacid y sociedades apoderadas por Arroyo y su entorno. No es una anécdota fiscal: es un hecho que obliga a preguntas incómodas cuando se investiga la deriva de fondos públicos.

La denuncia que originó la investigación, adelantada por EL MUNDO, aporta además una auditoría y grabaciones que, según los denunciantes, recogen confesiones y prácticas irregulares. Se acusa a Zeus de facturar exclusivamente al CNIO y de adjudicarse 15 contratos SAP presentados, cobrando 1,4 millones por prestaciones que, según la denuncia, fueron inexistentes. Son datos concretos que las autoridades están investigando.

Los despidos ejecutados —Arroyo y varios subordinados, entre ellos José Ignacio Fernández Vera y Laura Muñoz— responden, según fuentes, a la contundencia de las pruebas recopiladas por la investigación. Paralelamente, empleados de mantenimiento han declarado ante la Policía que realizaron habitualmente labores encargadas y pagadas por el CNIO en domicilios particulares, incluido el de Arroyo. Esas declaraciones convierten la sospecha en una trama con verosimilitud suficiente para actuar.

Hay más elementos palpables: la posible cesión de patentes públicas a Vega Oncotargets, sociedad en cuyo accionariado figura Barbacid y que ha recaudado 3,5 millones gracias a esas patentes; la existencia de una fundación —Álvarez Quirós— que administra 1,5 millones de una herencia inicialmente destinada al CNIO; y compras de material denunciadas años atrás como nunca utilizadas en el centro (duchas y bañeras, según la ex presidenta del comité de empresa). Todos son hechos que, en su acumulación, perfilan un cuadro preocupante.

Las tensiones internas han aflorado con crudeza. El actual gerente, José Manuel Bernabé, detuvo recientemente operaciones que, según fuentes, implicaban salidas de patrimonio del CNIO hacia terceros, y se enfrentó a presiones hasta el punto de que emergió una denuncia por acoso que no fue ratificada y cuya circunstancia, según el mismo relato periodístico, terminó con la petición de cese por parte del Ministerio de Ciencia. El proceso, por ahora, refleja una institución desasistida ante un avispero de presuntas irregularidades.

Todo ello obliga a una conclusión que no es moral sino institucional: los hechos relatados en la investigación requieren transparencia absoluta, responsabilidad y la máxima diligencia por parte de las autoridades. El rigor de la ciencia no puede convivir con sombras administrativas ni con redes de empresas que, según la denuncia, habrían servido para desviar fondos públicos. El país exige respuestas claras y rápidas; la comunidad científica merece que se depuren responsabilidades sin dobleces ni complacencias.