Recomponer para gobernar: el pragmatismo impuesto por la guerra

La política, en ocasiones, obliga a la economía del realismo: cuando las circunstancias externas aprietan, las filigranas ideológicas se convierten en meros ornamentos. El Gobierno de coalición lo ha entendido así y, ante la crisis desatada por la guerra en Irán, ha logrado recomponer la mayoría que sustentó su investidura. Junts, que se alejó del bloque en otoño, retorna ahora para respaldar un decreto especial —el llamado escudo social— cargado de decenas de medidas para mitigar los efectos de la conflagración.

No es menor el gesto: la formación independentista reclama los frutos de las negociaciones que ha mantenido con el Ejecutivo. Entre lo ya pactado figura la rebaja fiscal para autónomos y la extensión de una directiva europea; Junts presume además de haber conseguido otras 18 cesiones a lo largo de la legislatura. Esos logros, repetidos con énfasis por su portavoz en el Congreso, son la moneda de cambio por la que hoy se sellan apoyos y se reconstruyen mayorías.

Podemos, por su parte, opta por la abstención, y el PP mantiene su reserva sobre el voto, sin despejar dudas. Esa omisión adquiere relieve cuando el debate monográfico en el Congreso se prolongó durante cinco horas y media y el presidente del Gobierno insistió, hasta la exasperación, en un reclamo de claridad: "¿Votará sí o no al escudo social?", pidió Sánchez apelando al sentido de Estado y al interés de España. Feijóo, sin embargo, evitó pronunciarse y dejó la respuesta para el pleno de jueves, después de dedicar buena parte de su intervención a cuestiones de política nacional y a exigir elecciones.

La sesión mostró, además, que los debates sobre política exterior se convierten con facilidad en terreno de evaluación de políticas internas. Portavoces de todos los signos analizaron ya las medidas del decreto anticrisis: control del precio de la vivienda y los alquileres, medidas fiscales, apoyos a autónomos y propuestas que, según sus defensores o críticos, podrían repercutir en ocupaciones o expropiaciones. ERC no esquivó el choque, e intentó poner en evidencia a Junts por sus consignas, mientras Junts prefirió no entrar al trapo y centró su intervención en listar sus éxitos para Cataluña.

Míriam Nogueras, portavoz de Junts, empleó la intervención para reclamar protagonismo en la conquista de normas y convenios: desde la ley contra la multirreincidencia hasta la inclusión del catalán en reclamaciones o la reivindicación de eventos declarados de excepcional interés. Ese catálogo de logros, atribuido por Junts a la presión de sus siete diputados, explica en buena medida por qué han decidido apoyar ahora el decreto: no solo como gesto circunstancial ante la guerra, sino como reconocimiento de una relación negociada y de intercambio político.

El episodio deja lecciones claras: primero, que la urgencia exterior puede recomponer mayorías fragmentadas; segundo, que la política de alianzas vuelve a medirse en concesiones tangibles; y tercero, que el silencio estratégico —el del PP sobre su voto— puede ser a la vez baza y riesgo. En definitiva, la cruda realidad internacional ha vuelto a imponer la política del hacer: aprobar medidas concretas para proteger a la ciudadanía y, en el proceso, afianzar acuerdos que ayer parecían rotos.

Queda ahora ver si ese pragmatismo resiste el paso del tiempo o si la recomposición ha sido solo una tregua táctica. Por el momento, el escudo social llega al pleno con apoyos recuperados, abstenciones calculadas y votos reservados, la fotografía misma de una política que sabe adaptarse cuando el peligro viene de fuera.