Recolocar sin ruido: la misma responsabilidad, nuevo sillón en Adif

Que la gestión pública se rija por la transparencia y el criterio técnico es una exigencia mínima de la democracia. Lo ocurrido en Adif —según ha verificado EL MUNDO— plantea una pregunta incómoda: ¿se castiga la responsabilidad o se maquilla políticamente?

El 26 de enero, en plena conmoción por el accidente de Adamuz y en medio del descrédito por el colapso de las cercanías catalanas, el Ministerio de Transportes anunció el cese de dos altos cargos: Josep Enric García Alemany en Rodalies y Raúl Míguez Bailo, por entonces director general de Operaciones y Explotación de Adif. Un relevo que llegó empujado por la presión política y la búsqueda de cabezas. Pero la historia no terminó ahí.

Mes y medio después, y de manera sigilosa, Adif ha recolocado a Míguez en la propia estructura directiva: nuevo destino, director adjunto de Coordinación de Proyectos y Actuaciones Transversales, bajo Salvador Almenar, director de Gabinete del presidente del ente. Un nombramiento que, según fuentes internas consultadas por EL MUNDO, ni siquiera fue comunicado por los canales que antes lo hacían: la intranet corporativa.

No es un detalle administrativo: supone la reincorporación de quien dirigía operaciones en un momento de crisis a un puesto dependiente directamente del gabinete de presidencia, ámbito que también tutela la Dirección de Seguridad en la Circulación. Y todo ello sin publicidad, sin explicación pública y sin el ritual de la transparencia que la ciudadanía merece cuando se trata de responsables de la infraestructura ferroviaria.

Mientras tanto, Adif tramita en abierto la selección del nuevo director general de Operaciones y Explotación. En su web figura el proceso en fase de resolución, con dos candidatos admitidos entre cuatro aspirantes. Fuentes internas denuncian que el concurso estaría “totalmente dirigido” desde el Ministerio y que ambos finalistas proceden del propio organismo: uno, según esas mismas fuentes, un coordinador de planes de cercanías; el otro, sin experiencia en mantenimiento y próximo al PSOE, acompañado del ministro en un acto público tras Adamuz.

No inventamos conjeturas: relatamos hechos contrastados y la percepción expresada por trabajadores consultados. Lo relevante no es la persona en abstracto, sino el patrón institucional: ceses por presión política que terminan, semanas después, en recolocaciones discretas; procesos de selección donde, según insiders, la dirección ministerial tendría un papel decisivo; falta de publicidad interna sobre nombramientos que antes se comunicaban.

Ante esto, la democracia exige claridad. Si la responsabilidad se mide, que se mida públicamente. Si se toma una decisión ejecutiva, que se explique en nombre del interés general. Recolocar en silencio a quien había sido cesado por la misma crisis que se prometía corregir socava la confianza de los ciudadanos en la administración y en la imparcialidad técnica que deben guiar los servicios esenciales.

No pedimos favores ni persecuciones: reclamamos coherencia institucional. La ciudadanía, que paga y depende del servicio ferroviario, tiene derecho a saber con nitidez quién responde de su seguridad y del mantenimiento de las infraestructuras. Todo lo demás es maquillaje que no tapa la verdad.

Los hechos están ahí: un cese en enero, un nombramiento interno sin comunicación pública y un proceso selectivo con dudas según fuentes internas. Que no se diluya la exigencia legítima de explicaciones claras. La responsabilidad no puede convertirse en un juego de sillas tras bambalinas.