Rajoy ante la 'X' de la Kitchen: incógnitas que no desaparecen

La historia que relatan los hechos es tozuda y no perdona silencios. La Operación Kitchen se puso en marcha desde el Ministerio del Interior cuando las publicaciones sobre la caja B del partido colocaron a Mariano Rajoy «al filo del abismo». El objetivo declarado por quienes actuaron en el operativo fue arrebatar a Luis Bárcenas el material que comprometía a la cúpula: cintas, documentos, pruebas. Eso está en el sumario y es la primera piedra del enigma.

Bárcenas ha declarado que entre lo sustraído había un pendrive con grabaciones comprometedoras para el ex presidente. Ha descrito, en sede judicial, la existencia de una grabación en el despacho de Génova en la que él entrega la última hoja de la contabilidad extracontable; la grabación recoge cómo Rajoy ve los documentos y los introduce en el destructor de papel. Ese testimonio, que procede de la propia versión del tesorero, plantea una cuestión esencial: si existió esa cinta, ¿dónde está hoy ese material?

La Policía, según las piezas del caso, actuó sin amparo judicial y con la movilización de decenas de agentes y mandos. Algunos de los nombres que aparecen en la instrucción son conocidos: el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el ex secretario de Estado Francisco Martínez y el comisario José Manuel Villarejo. Villarejo y otros mandos utilizaron apodos —“El Barbas”, “El Asturiano”— que, en la percepción de investigadores, remitían al entonces presidente. Y en grabaciones intervenidas se escuchan expresiones y órdenes que apuntan a un operativo parapolicial diseñado para neutralizar la munición de Bárcenas.

Frente a esa trama de hechos, Rajoy ha mantenido una postura nítida: niega haber conocido la Operación Kitchen y sostiene que nunca dio instrucción alguna en relación con ella. Lo reiteró en su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso en diciembre de 2021 y lo mantiene ante la luz de la instrucción actual. Es un hecho probado por sus declaraciones públicas y por el registro de su testimonio.

Pero las declaraciones de los investigados y las piezas del sumario no han diluido las incógnitas. El ex jefe de la UCAO admitió haber accedido al taller donde Bárcenas ocultaba material, si bien aseguró que no se llevó nada. El paradero del material referido por el tesorero sigue siendo, a día de hoy, una de las grandes incógni tas del caso. Y, pese a la relevancia de lo que pudo borrarse o sustraerse, los máximos procesados por Kitchen no han implicado hasta ahora al ex presidente en sus defensas formales.

En el vértice de este rompecabezas se ubica una pregunta tan simple como contundente: ¿quién ordenó y con qué finalidad un operativo policial que se presentó como dirigido a intereses partidarios y que, según el propio sumario, se desarrolló fuera de cauces judiciales? Los hechos conocidos muestran un operativo decidido cuando las revelaciones sobre la caja B ponían en riesgo al jefe del Ejecutivo. Lo demás —la ruta de las cintas, la decisión final sobre ese material, la implicación de instancias ajenas a Interior— son lagunas que el procedimiento aún debe llenar.

La política y la decencia pública exigen respuestas más allá de negativas rotundas. Si hay elementos que señalan a un operativo diseñado para ocultar o neutralizar pruebas que afectaban al máximo responsable del partido en el Gobierno, la sociedad merece saber quién los ordenó y por qué. Los hechos reunidos en el sumario y las declaraciones judiciales dibujan un mapa inquietante; corresponde a la instrucción y, eventualmente, a la Justicia, completar ese mapa con luces, no con sombras ni silencios calculados.