Quieren supermercados públicos y control de precios: la nueva quimera de la Asamblea

Más Madrid recupera una vieja consigna y la eleva ahora a la tribuna autonómica: implantar una red de supermercados públicos en la región y limitar precios de productos esenciales. No es una ocurrencia suelta: el partido de Mónica García propone intervenir directamente en la cadena de suministro de bienes básicos, desde el pan y los cereales hasta la carne, el pescado, la leche, el queso, los huevos, los aceites, las frutas, las legumbres, las hortalizas, las patatas y los alimentos de bebés.

No es la primera vez que la idea se topa con la realidad municipal. Ya hubo intentos en distintos ayuntamientos, promovidos por Más Madrid y Podemos, que terminaron en fracaso. Aquellas tentativas no dejaron en el aire meras propuestas retóricas: se estrellaron contra la práctica y la gestión. Ahora el debate se traslada a la Asamblea de Madrid, donde la iniciativa exigirá tiempo y palabras de los representantes regionales.

La respuesta política ha sido inmediata y nítida: el Partido Popular, bajo el mandato de Isabel Díaz Ayuso, adelanta que rechazará rotundamente la proposición. No es un matiz táctico: es un rechazo frontal a la intervención directa en los mercados que proponen sus adversarios. Por su parte, episodios municipales recientes ilustran otra conducta política: en Getafe, el PSOE prefirió abstenerse cuando sus socios de gobierno municipal llevaron una iniciativa similar al pleno, evitando así un enfrentamiento abierto.

Estamos ante un choque de visiones no solo económicas sino también de principios de gestión pública. Una cosa es debatir medidas de apoyo a las familias y otra muy distinta aspira a transformar el papel del sector público en la distribución comercial. La proposición de limitar precios y crear una red pública de supermercados exige respuestas claras sobre eficacia, viabilidad y consecuencias. Mientras tanto, en el tablero político autonómico, las posiciones se van definiendo: propuesta por parte de Más Madrid, rechazo explícito desde el PP y actitudes equidistantes o de prudencia desde otros actores.

Sea cual sea el desenlace en el Pleno, el episodio merece una discusión seria y no gestual. Intervenir en los mercados nacionales y locales para regular precios y gestionar puntos de venta es una decisión que exige más que slogans: exige transparencia, estudios rigurosos y voluntad de asumir responsabilidades reales sobre la cadena alimentaria. El debate empieza ahora. Y la región merece respuestas, no proclamas.