Quien mata al volante debe saber que la ley le espera

Hay que decirlo con claridad y sin ambages: la siniestralidad vial no es una cifra abstracta, son vidas humanas. Mario Sanz Fernández-Vega, fiscal de sala coordinador de Seguridad Vial, recuerda con la autoridad que confiere el cargo y la experiencia que la Fiscalía existe para defender a las víctimas y a sus familias y para garantizar que el Código Penal se aplica en toda su extensión.

España ha avanzado mucho en seguridad vial —de los dramáticos más de 9.000 muertos en los años ochenta a cifras hoy notablemente inferiores— y ese avance no es casualidad: es fruto de políticas, reformas y de la implantación del permiso por puntos y de una Fiscalía especializada. Pero las mejoras alcanzadas no pueden instalar la complacencia. En 2024 perdieron la vida 1.785 personas en carreteras y calles; cada una de esas muertes merece respuesta, no estadísticas que adormezcan responsabilidades.

Los números hablan con voz propia: en 2024 alrededor de un tercio de las acusaciones formuladas por el Ministerio Fiscal y de las condenas penales correspondieron a delitos contra la seguridad vial. Hablamos de 95.865 acusaciones sobre 331.329 totales y 95.302 condenas de 286.761. No son anécdotas: son conductas que dañan gravemente el bien jurídico más preciado, la vida.

¿Qué delinque más? Sanz lo expone sin florituras: alcoholemia y conducir sin permiso concentran la inmensa mayoría de imputaciones y sentencias —el 93% y el 94% respectivamente—. Las condenas por conducir sin permiso han alcanzado más de 42.000 casos, mientras que las vinculadas a la influencia del alcohol descendieron a 47.000 en 2024, la cifra más baja de la serie histórica. Esto quiere decir que, contra la mirada simple, no todo es lo mismo: algunas tendencias mejoran, otras empeoran.

Y hay una nota de alarma que no admite tibieza: el consumo de drogas en la conducción ha subido. Los delitos por esta causa y los expedientes sancionadores administrativos por presencia de drogas muestran un incremento preocupante. La dificultad probatoria —demostrar que la presencia de drogas influyó en la conducción— ha llevado a que muchos jueces desestimen condenas. La Fiscalía, sin embargo, no se queda quieta: desde 2019 ha impulsado instrucciones y actas normalizadas de signos externos para que la actuación policial y la instrucción judicial permitan una respuesta penal ajustada y proporcionada.

¿Hace falta endurecer el Código Penal? Sanz responde con prudencia institucional: las reformas de 2007 y la tramitación de 2019 proporcionan hoy un amplio catálogo de penas, incluida la incorporación del abandono del lugar del accidente. Modificar el Código Penal es tarea que requiere prudencia técnica y jurídica. Pero prudencia no es sinónimo de inacción: la Fiscalía trabaja para que las herramientas existentes se apliquen con eficacia y para que la sociedad reciba un mensaje inequívoco: quien, al volante, causa la muerte de otra persona debe saber que puede acabar en la cárcel.

No se trata solo de penas. Se trata de prevención, educación y control. Se trata de reforzar los mecanismos de detección —especialmente ante el alarmante aumento de drogas— y de consolidar la labor coordinada de una red de más de 80 fiscales y 50 delegados provinciales que velan, en toda España, por la aplicación del Derecho Penal y por la protección de las víctimas.

El balance es, pues, doble: orgullo por los logros que nos han situado como referente en seguridad vial y exigencia absoluta frente a las nuevas amenazas. No valen medias tintas: la protección de la vida es un deber del Estado y una obligación moral de la sociedad. Quien mata a una persona al volante debe saber que la ley le espera y que el Estado no renunciará a su derecho y su deber de impartir justicia.