Que no haya nada: la orden que encendió las alarmas en la Guardia Civil

La rotundidad de las palabras en política pesa tanto como los hechos. El sumario que obra en poder del juez Pedraz, y que recoge un informe de la UCO al que ha tenido acceso este diario, contiene declaraciones manuscritas de agentes que describen una escena preocupante: el que fuera Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, instó a la UCO a no investigar al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez‑Castejón, en el expediente abierto por el trato de favor en la Diputación de Badajoz.

La reunión del 12 de julio de 2024 aparece en el relato con nombres y frases. Manuel Llamas, el DAO, se manifestó "enfadado y contrariado" por la actuación policial tras el auto de la jueza Beatriz Biedma que ordenó el registro y la incautación de los correos electrónicos corporativos en la Diputación. Los agentes relatan que se les recriminó no haber conocido con antelación la entrega del informe y, aún más grave, que el próximo informe "debe de estar analizado y que no haya nada" en relación con David Sánchez.

No se trata de una sugerencia ambigua: según el propio testimonio, Marcos urgió al jefe de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas, a que el informe de la unidad estuviese listo en una semana y, en esencia, que no contuviera datos incriminatorios contra el investigado. En otra reunión, el DAO trasladó la consigna de que, en "aquellos procedimientos policiales que tuvieran afectación política", la Guardia Civil debía "ponerse de perfil" y no ser proactiva, dejando que fuera la Autoridad Judicial quien tomase la iniciativa.

Es la propia UCO la que documenta estas órdenes en el sumario. Son los agentes quienes, con su firma, describen la instrucción recibida y la atmósfera de presión. El caso, que ha celebrado juicio y cuyo desarrollo judicial es público, suma además el dato de que el hermano del presidente remitió entre 2018 y 2019 hasta cinco correos a una cuenta con el nombre de Pedro Sánchez y otros mensajes a la esposa del presidente, Begoña Gómez, hechos que motivaron la diligencia judicial en la Diputación de Badajoz.

Están los hechos: una instrucción explícita para no ahondar en una investigación de claro interés público; la manifestación de un alto mando de estar "enfadado y contrariado" por la actuación de sus equipos; la petición expresa de que un informe policial no ofreciera incriminación. No son interpretaciones: son constancias documentales que, por su naturaleza, exigen claridad y consecuencias. Cuando la policía que investiga recibe la orden de "no ser proactiva" en asuntos con vertiente política, la confianza ciudadana se resiente y la propia institución queda en entredicho.

Habrá, sin duda, quien busque matizar, relativizar o convertir en mera anécdota lo relatado en el sumario. Pero cuando la administración de la seguridad pública tropieza con instrucciones que parecen diseñadas para evitar resultados, la pregunta inevitable es simple y urgente: ¿quién garantiza que la ley y la investigación imparcial prevalecerán por encima de la conveniencia política? La democracia merece respuestas, no eufemismos ni excusas.