Purga en Vox: la hora de la verdad interna

Vox ha abierto un expediente disciplinario para expulsar a Iván Espinosa de los Monteros. La noticia, anunciada por el propio afectado en la red social X, no es un tropiezo: es una decisión política con nombre y apellidos, tomada en un momento definido por los hechos que él mismo relata —la convocatoria de elecciones en Andalucía el 17 de mayo y, horas después, la comunicación del expediente— y por la acumulación de medidas análogas contra voces que fueron, hasta hace no tanto, columna vertebral del proyecto.

La lista de expedientados ya incluye a Javier Ortega Smith, Juan García‑Gallardo, José Ángel Antelo e Ignacio Ansaldo. No son meras cifras: entre ellos hay afiliados fundadores —Espinosa y Ortega Smith registrados con los números 5 y 6, frente al número 4 de Santiago Abascal— y expresidentes autonómicos. Es, en suma, la depuración de una generación que contribuyó a levantar la fuerza política que hoy controla la dirección.

Espinosa no es un militante cualquiera. Fue portavoz del grupo en el Congreso, secretario general y responsable de relaciones internacionales; preside la fundación Atenea y lidera la iniciativa que reclama un congreso extraordinario para debatir la deriva ideológica y la organización interna de Vox. Esa iniciativa ya ha reunido 2.340 firmas, cerca del 10% de los afiliados al corriente de pago, pero los estatutos exigen el 20% para forzar una asamblea general. Aquí se encuentra la paradoja: el texto estatutario otorga a la dirección, en la práctica, el control del padrón de afiliados, y sin ese listado la recolección del umbral requerido se vuelve imposible sin la colaboración del propio aparato.

Contra esa posibilidad se han empleado las medidas disciplinarias. La apertura de procesos para expulsar a los promotores del congreso extraordinario no puede leerse como una mera coincidencia administrativa: es parte de un plan político que cerraría la puerta a la impugnación interna. La dirección ha dejado claro que no cederá. Pepa Millán y José María Figaredo invocan el crecimiento electoral del partido para descartar el congreso; Abascal, por su parte, niega problemas internos y atribuye los reproches a la influencia externa del PP.

Los críticos responden con un reproche que toca al honor público: exigen transparencia sobre lo que califican de «entramado paralelo de entidades opacas» vinculadas a asesores próximos a la cúpula, y recuerdan datos publicados por EL PAÍS sobre cobros de Vox a la principal empresa del tándem asesor —Tizona Comunicación SL— por casi 1,3 millones en 2020. Asimismo, García‑Gallardo ha denunciado la contratación de la esposa de Abascal por otra compañía de los mismos propietarios por 60.000 euros anuales. Esos hechos, denunciados por los firmantes del manifiesto que pide ejemplaridad interna, trazan la línea de conflicto: quien reclama ejemplaridad para España, dicen, debe empezar por garantizarla dentro de su propio proyecto.

El pulso es, por tanto, de alta intensidad. No se trata sólo de nombres expulsados o de firmas recogidas: está en juego el control interno, la capacidad de debate democrático en una formación que creció acusando a los demás de opacidad ética. Las expulsiones de fundadores y expresidentes autonómicos son una señal inequívoca: la dirección prefiere cerrar filas y preservar su control antes que someterse a un debate que podría cuestionar decisiones, estructuras y contratos.

La lógica del poder interno se impone sobre la lógica del partido como foro de deliberación. Quien gana elecciones y cifra su legitimidad en ese crecimiento electoral puede argüir que la prioridad es consolidar el espacio conquistado; quien protesta reclama, en nombre de la coherencia pública, mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. El choque entre ambas necesidades es la batería que hoy resuena en las decisiones sobre expulsiones y congresos.

Queda por ver si esta dinámica cerrada consolidará la unidad de la dirección o si, por el contrario, abrará nuevas heridas difíciles de suturar. Lo cierto es que la estrategia elegida —expedientes disciplinarios y control del padrón— es una respuesta clara: la dirección no aceptará disidencias que pongan en cuestión su modelo de organización ni su gestión de recursos. Y en política, como en la vida, las purgas siempre acaban dejando huellas visibles.