Protejamos la infancia: no al mayor 'hackeo' de nuestras mentes

Hay momentos en que la prudencia exige levantar la voz con la misma firmeza con la que se levantan las banderas. Hoy lo exige la evidencia: 13 sociedades médicas estatales y decenas de colectivos han puesto sobre la mesa 70 pruebas científicas que no son discursos, sino diagnósticos. Han venido al Congreso para decirlo alto y claro ante la Comisión de Justicia que tramita la Ley de Protección a los Menores en los Entornos Digitales.

No hablamos de alarmismo ni de eslóganes; hablamos de evidencia. Los firmantes —entre ellos la Asociación Española de Pediatría, la Sociedad Española de Neurología y la Asociación Española de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia— no se han quedado al margen. Han consensuado un compendio que identifica consecuencias concretas: peores resultados en lenguaje, cognición, autorregulación y funciones ejecutivas cuando la exposición es temprana, pasiva o sustituye la interacción adulto-niño.

La voz de la consulta clínica suma relatos y señales. Médicos y pediatras observan que los adolescentes consultan ChatGPT como si fuese un oráculo y, con inquietante frecuencia, aceptan sus respuestas sin cuestionarlas; cuando la IA contradice un tratamiento o normaliza conductas inapropiadas, algunos jóvenes abandonan el cuidado y se retraen en una dependencia emocional que altera su juicio.

No es menor la evidencia neurocientífica citada: estudios longitudinales y neuroimágenes muestran diferencias en vías frontotemporales asociadas al lenguaje en preescolares con mayor tiempo de pantalla. Son pistas de algo más profundo: un estímulo monocorde —las pantallas— que modela carreteras cerebrales en formación.

Frente a esto, las sociedades no proponen la demonización de la tecnología; exigen responsabilidad. Reclaman regulaciones europeas ya existentes: verificación de edad, responsabilidad de las plataformas y límites en el diseño. Y plantean recomendaciones prácticas avaladas por la evidencia: exposición cero a pantallas hasta los seis años; máximo una hora diaria entre seis y 12 años; y tope de dos horas para los mayores de 12.

Hay que decirlo con claridad patriótica: proteger a la infancia no es una cuestión de moda, sino de deber colectivo. Si los adultos no conseguimos autorregularnos, no podemos dejar a los niños en manos de algoritmos que estimulan, simplifican y, en ocasiones, mienten. Los derechos fundamentales de la infancia —salud, vida, libre desarrollo de la personalidad— reclaman medidas claras y contundentes.

La política tiene ante sí una oportunidad y una responsabilidad. La Ley que se tramita no puede permitir que la inacción sea la excusa de la moda digital. No es solo una cuestión técnica; es un asunto de país. Atender la evidencia presentada por los profesionales sanitarios significa proteger el futuro de una generación: restablecer el protagonismo de la familia, la escuela y la comunidad en la formación de ciudadanos libres y críticos, no de usuarios dependientes.

Que nadie confunda prudencia con regresión tecnológica. Se trata de poner los límites que exige la ciencia y la decencia: reglamentación de plataformas, tiempos razonables, contenidos supervisados y educación digital guiada por adultos responsables. El mayor hackeo cerebral de la historia, como lo han denominado los expertos, requiere una respuesta estatal firme y sin titubeos. Nuestra responsabilidad es simple y solemne: defender la infancia con la misma pasión con la que defendemos la nación.