Promesas horarias: ¿otra cortina de humo o decisión pendiente?

El presidente del Gobierno planteó en octubre acabar con el cambio de hora: «Cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido», dijo, apelando a encuestas y a la ciencia para subrayar que apenas supone ahorro energético y perjudica la salud. Fue una declaración nítida, pero desde entonces la propuesta no ha cristalizado en medidas concretas nacionales que rompan el ciclo vigente.

Mientras el debate público se enreda con frases y con técnicas de distracción —la noticia citada menciona, en ese contexto, los avances en el juicio contra su esposa, Begoña Gómez, y la fragilidad de la relación con Junts—, lo cierto es que en el Boletín Oficial del Estado sólo ha aparecido la constatación del cambio de relojes durante los últimos cinco años y la firma del calendario por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, sin novedades sobre el fin de la modificación horaria.

Hay precedentes técnicos que pesan. El Comité de expertos ya rechazó la medida en 2019 y recomendó prudencia ante cualquier cambio precipitado en los husos, apuntando a efectos concretos sobre determinadas costas y amaneceres. Esa falta de consenso técnico y territorial no puede soslayarse con declaraciones grandilocuentes.

Además, la iniciativa propuesta por el Gobierno no es una decisión unilateral: depende de las decisiones que adopte la Unión Europea. El propio presidente admitió que, de aprobarse en Europa, la supresión total de la variación artificial del reloj entraría en vigor antes de 2028. En consecuencia, cualquier calendario ambicioso anunciado en Madrid queda supeditado a los tiempos y acuerdos comunitarios.

Sobre el contenido concreto del posible cambio, el Ejecutivo ha manifestado que se inclina por asumir el horario de invierno como horario permanente si se produce la transición. Pero también aquí la cautela vuelve a imponerse: no hay pronunciamientos cerrados y, según la noticia, tampoco movimiento efectivo tras cinco meses desde la propuesta pública.

La conclusión es diáfana: la iniciativa existe en palabra, pero en los hechos el país continúa sometido al ciclo vigente de cambios de hora, el BOE certifica la continuidad administrativa y la decisión final corresponde a la UE. Entre promesa, técnica experta y dependencia europea, la ciudadanía sigue a la espera de una decisión que, por ahora, no llega.